Entrevistado por la agencia de noticias AP, el responsable de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México asegura que la creciente participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y proyectos del gobierno generan preocupación en materia de respeto a los derechos humanos y de transparencia.

Para Guillermo Fernández-Maldonado, quien asumió la representación de dicha Oficina de la ONU en nuestro país en septiembre pasado, explica que existen riesgos al asignar labores de seguridad pública a integrantes del Ejército, ya que  cuentan con entrenamiento diferente al de una corporación policial de carácter civil. 

En video llamada con AP, Fernández-Maldonado destaca que “hay pautas al respecto porque estamos hablando de cuerpos diferentes entrenados para situaciones diferentes y que incluso las órdenes operativas, el tipo de armamento corresponden a situaciones de conflicto armado o de guerra”.

Advierte que a esto se suma el riesgo de violaciones a los derechos humanos al conferir labores policiales a fuerzas castrenses, ejemplificando esto con la muerte en julio de 2020, presuntamente a manos de elementos militares, de Damián Genovés Tercero, de 18 años de edad en Nuevo Laredo. 

El representante de ONU-DH dijo que no se ha avanzado en la investigación, pese a que hay una videograbación en la que se observa cómo presuntos elementos militares disparan al joven

El representante de ONU-DH dijo que ante la decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle a las fuerzas armadas control en proyectos de infraestructura y otras áreas administrativas, el gobierno debe aplicar criterios para transparentar la utilización de recursos.

López Obrador ha encargado a las fuerzas armadas la construcción de un aeropuerto; administración de aduanas y puertos, y en diciembre anunció que el Ejército controlará las operaciones y ganancias generadas a través del proyecto Tren Maya, que está en construcción y recorrerá la península de Yucatán. 

Más aún, Fernández-Maldonado apunta que “otro aspecto que me parece fundamental es el tema de rendición de cuentas, es decir, tradicionalmente ha sido difícil, y no sólo en México, sino en muchos países, la rendición de cuentas por parte del Ejército, muchas veces con el argumento de seguridad nacional”.

Se cuestiona qué pasa cuando ya no estamos hablando de seguridad nacional sino de aduanas, construcción de aeropuertos, Tren Maya, dónde “deberían aplicarse las mismas normas de transparencia, respecto del uso de recursos, del cumplimiento de plazos, de acceso a la información”. 

Dijo que se han logrado avances en el plan para capacitar en materia de derechos humanos a la Guardia Nacional, creada por el gobierno de López Obrador, conformada principalmente por integrantes de las fuerzas armadas transferidos a la agencia policial.

Refirió que la próxima semana, en conjunto con representantes de esta agencia federal, se hará una revisión de casos en los que oficiales de ésta incurrieron en violaciones de derechos humanos para después utilizarlos como ejemplos y evitar su repetición. 

El funcionario de la ONU dijo que ha causado alarma el nivel de violencia en el contexto electoral en México, con el asesinato de aspirantes de cargos de elección popular, incluso antes de iniciadas las campañas. Instó a las autoridades en el país a garantizar unas elecciones “libres y justas” en medio del clima de violencia que se ha registrado. 

Fernández-Maldonado dijo que la pandemia por COVID-19 ha acentuado la desigualdad en distintas áreas como el acceso a los servicios de salud. En México, además de garantizar el acceso a la salud, el gobierno enfrenta el reto de garantizar el acceso a las vacunas contra el virus a grupos vulnerables en zonas rurales.  (AP)

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