Mexicanos contra la Corrupción, asegura que un Tribunal Colegiado de Circuito dio a conocer el lunes una nueva suspensión otorgada en favor del colectivo #NoMásDerroches, mediante la cual ordena que se mantengan las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y se lleven a cabo acciones conducentes para su conservación.

Por otro lado, un Juzgado de Distrito dictó una nueva suspensión definitiva ordenando detener la destrucción del NAIM y no construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que se cuente con los estudios correspondientes.

Estas resoluciones fueron obtenidas con motivo de los 147 juicios de amparo que el colectivo #NoMásDerroches* ha presentado con el fin de que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad y constitucionalidad tanto de la cancelación del NAIM como del proyecto de Santa Lucía.

La medida cautelar ordenada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito cuenta con 2 efectos: no construir el Aeropuerto de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra tiene dictámenes y permisos ambientales conducentes; y que se mantengan las obras del NAIM sin que sean destruidas, además de realizar las acciones conducentes para conservarlas.

A diferencia de las suspensiones otorgadas en otros procedimientos, el Tribunal ordena a las autoridades, no solo no destruir los avances del NAIM, sino realizar acciones para conservar lo ya construido, pues si no se les da el mantenimiento adecuado podrían llegar a dañarse las obras, estructuras y cimientos existentes.

Por otro lado, la nueva suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México ordena que se no se ejecute el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, etc. Además, reconoce que el NAIM tiene un avance y un importante valor económico y que, de destruirse, necesariamente implicaría la pérdida de recursos públicos sin que su cancelación esté, al día de hoy, sustentada y justificada, por lo que ordena a las autoridades abstenerse de demoler o inundar las obras ya realizadas.

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