Los jueces del Tribunal Regional Federal de la cuarta Región de Brasil condenaron en segunda instancia al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 17 años de prisión, por  el caso de corrupción en el uso de una finca en Atibaia.

 

El juez relator del caso, Joao Pedro Gebran Neto, pidió elevar la condena de primera instancia a 17 años, un mes y 10 días de cárcel por delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero, propuesta fue aceptada por los otros 2 magistrados de la cuarta región, leandro Paulsen y Eduardo Thompson Flores.

 

En este proceso que no tiene relación con el que envió al exmandatario a prisión, Lula es acusado de beneficiarse de obras de reforma que empresas contratistas de Petrobras habrían realizado en una finca en Atibaia, en las afueras de Sao Paulo.

 

Según la investigación, Lula frecuentaba esta casa los fines de semana con su familia a pesar de que no era de su propiedad, sino de un amigo cercano, por lo que se entiende que él era el beneficiario final.

 

El juez Gebran Neto aseguró que “poco importa” si Lula era o no el propietario de esa casa, porque quedó demostrado que “Lula usaba el inmueble”.

 

Dijo además que “tenemos mucha documentación de pruebas, con laudos periciales, con documentos, con bienes, referencias de testigos, de que él usaba el inmueble, ya sea porque llevó allí parte de su archivo porque pedía y solicitaba mejoras en la finca”.

 

Los jueces Gebran Neto y Paulsen ignoraron una decisión del Tribunal Supremo Federal del pasado mes de octubre que podría haber beneficiado a Lula. Esto no ocurrió en el caso de la finca de Atibaia, y era uno de los argumentos de la defensa de Lula para pedir que se anulara la sentencia en primera instancia.

 

Sin embargo, los jueces consideraron que la nulidad de la sentencia sólo podría decretarse si quedara comprobado que hubo algún tipo de prejuicio a las partes, lo que en su opinión, no ocurrió.

 

En la práctica, la decisión de esta corte no implica el regreso de Lula a prisión, ya que el Supremo decidió recientemente que es inconstitucional que alguien esté preso mientras pueda recurrir a instancias superiores. Sin embargo, la sentencia supone un golpe a las aspiraciones políticas del expresidente, ya que dificulta aún más que pueda ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2022.

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