La economía digital está transformando el mundo laboral, por ello es necesario establecer una normativa que proteja a los trabajadores que se desempeñan en las plataformas digitales y cree condiciones justa para ellos, apuntó la ONU con motivo del Día Mundial de la Justicia Social.

Durante la última década, la expansión de la conectividad de alta velocidad, la computación en la nube y los datos ha dado lugar a plataformas digitales que han penetrado en muchos sectores de la economía y las sociedades.

Desde principios de 2020, las consecuencias de la pandemia COVID-19 han llevado al establecimiento de dispositivos de trabajo remoto y han permitido la continuación de numerosas actividades comerciales, fortaleciendo crecimiento e impacto de la economía digital.

La crisis también ha puesto de manifiesto y exacerbado la brecha digital entre países industrializados y naciones en desarrollo, sobre todo en cuanto a la disponibilidad, asequibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a internet.

En el escenario resultado de la pandemia, la brecha digital también ha profundizado las desigualdades dentro de las sociedades y entre los países.

Si bien las plataformas digitales brindan oportunidades para que los trabajadores generen ingresos y beneficios a partir de acuerdos laborales flexibles, especialmente para las mujeres, las personas con discapacidades, los jóvenes y los trabajadores migrantes, también presentan algunos desafíos.

Entre los retos de esta forma de trabajar destacan los que tienen que ver con la regularidad del trabajo y los ingresos; el derecho a condiciones laborales justas, protección social y un nivel de vida adecuado; el uso de las capacidades individuales; y el derecho a formar sindicatos o afiliarse a ellos. Las prácticas de vigilancia algorítmica, que en algunos casos complementan la vigilancia en el lugar de trabajo, también son motivo de preocupación.

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 exponen los riesgos y las desigualdades de los trabajadores que participan en plataformas de trabajo geolocalizadas. Para las empresas tradicionales, los desafíos incluyen la competencia desleal de plataformas, algunas de las cuales no están sujetas a impuestos convencionales y otras obligaciones debido a su nueva naturaleza, especialmente con respecto a su fuerza laboral.

Otro desafío para las empresas tradicionales es la cantidad de fondos necesarios para adaptarse a las transformaciones digitales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, además de la disponibilidad insuficiente de infraestructura digital confiable en el Sur global.

Ante este panorama, este año el Día Mundial de la Justicia Social apoya los esfuerzos de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones para lograr el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la promoción del trabajo decente, la protección de la seguridad social universal, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la justicia para todos.

La justicia social supone la igualdad de derechos para todos los pueblos y la posibilidad de que todos los seres humanos sin discriminación se beneficien del progreso económico y social en todas partes.

Promover la justicia social no quiere decir solamente aumentar los ingresos y crear puestos de trabajo, también es una cuestión de derechos, dignidad y libertad de expresión de los trabajadores, así como de autonomía económica, social y política

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