Un  Informe Del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que  identifica la forma en la que el acceso a las oportunidades determina la movilidad social, indica que  74 de cada 100 personas que nacen en la parte más baja de la escalera social, no logran superar la condición de pobreza.

En el último trimestre de 2017 y como cada 6 años, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias levantó la Encuesta de Movilidad Social en México, con el fin de identificar el peso de las condiciones de origen de las personas en sus opciones de desarrollo y medir la movilidad social a nivel nacional y por regiones. 
A nivel regional, México es un país de  contrastes, y mientras que en el sur, 86 de cada 100 mexicanos nacidos en los hogares más pobres no logran superar la condición de pobreza, en el norte, esta proporción es de 54 de cada 100.  

La investigación explica que detrás de la baja movilidad social a nivel nacional y en regiones como el sur, se encuentra la desigualdad de oportunidades: 48 % de la desigualdad económica se debe a que no todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades y particularmente en el sur, estas resultan insuficientes.

Desde la perspectiva de género, existen diferencias en la movilidad social de mujeres y hombres. Aun con condiciones similares de origen, una menor proporción de mujeres que de hombres que nace en la parte más baja de la escalara social, tiene la posibilidad de superar la pobreza. 

A  esto se suma el hecho de que las mujeres nacidas en la parte más alta de la escalera social enfrentan un mayor riesgo de descenso. 

Mientras el 82 % de los hombres participan en el mercado laboral,  entre las mujeres ese porcentaje es de 43 %, y desciende hasta 36 % cuando tienen hijos menores de 6 años.

Ante este panorama, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro Espinosa Iglesias,  Roberseñaló que sin igualdad de oportunidades, no importa cuán grandes sean los esfuerzos de quienes nacen en situaciones de mayor desventaja, sus posibilidades de mejora serán limitadas. 

Por lo tanto, el Estado mexicano debe priorizar su acción en ampliar e igualar las oportunidades de las personas para lograr mayor movilidad social.

Añade que se requieren mecanismos de acción pública con cobertura universal  e igual calidad para todos los mexicanos en los ámbitos de educación, salud, trabajo y  protección social, partiendo de una reforma a la Hacienda Pública que garantice su  financiamiento y sostenibilidad de generación en generación.

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