La Secretaría de la Función Pública debe buscar y dar a conocer información de la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación en 2017 al presupuesto que ejerció la entonces Secretaría de Desarrollo Social para estancias infantiles, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

El comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas dijo que el caso se refiere según información periodística, al ejercicio de la cuenta pública 2017, en la que se detectaron irregularidades en la filiación, capacitación a responsables, otorgamiento de subsidios y reglas de operación en estancias infantiles.

Un particular solicitó a Función Pública documentación que acredite lo citado en la nota periodística publicada el 13 de febrero de 2019 por el periódico Reforma, denominada “Exhibe Gobierno anomalías de estancias”, y en respuesta, el sujeto obligado, por conducto del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, indicó que la información era inexistente, por lo que el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI.

Función Pública indicó que tras turnar la solicitud a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, ésta adujo que no cuenta con el grado de especificidad en el cual se pueda identificar la información de los servidores públicos sancionados en la Secretaria de Bienestar, y que pueda estar relacionada con anomalías en estancias infantiles.

Agregó que la Dirección General de Denuncias e Investigaciones localizó el registro de 3 denuncias en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, que podrían estar relacionadas con la información de interés del particular.

En el análisis del caso, previa audiencia en la que se tuvo acceso a los expedientes, la ponencia del comisionado Acuña pudo constatar que no guardan relación con la información solicitada, ya que la nota periodística publicada el 13 de febrero de 2019 se refiere a la fiscalización que efectuó la ASF a la cuenta pública 2017.

A propuesta del comisionado Acuña Llamas, el Instituto revocó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y le instruyó a que realice una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, sin omitir al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, y entregue al particular la documentación que acredite lo mencionado en la nota periodística.

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