El robo de gasolina en el país se convirtió de la noche a la mañana en un problema de consecuencias no imaginadas por nadie, empezando por las autoridades federales. No sé si es porque ya se conocía en otras administraciones pero no se atacaba, o porque altas esferas del poder formaban parte del negocio y por ello se toleraba, o bien porque simplemente no se contaba con las herramientas para combatirlo.

El hecho es que la semana pasada ha sido difícil, muy difícil para millones de personas en varios estados de la República. Problemas para trasladarse al trabajo o a una cita personal, familiar, laboral o médica; calles y avenidas con poco tráfico vehicular y problemas de vialidad precisamente en torno a las gasolineras; largas filas de vehículos en muchas estaciones de servicio y otras más cerradas por falta de combustible.

Más aún, afectaciones en diversos servicios como el de transporte público, de alimentos, de diversas mercancías y productos, e incluso de recolección de basura; más aún, pérdidas en el comercio ante la imposibilidad de salir y realizar compras que, para su traslado, requieren de vehículos automotores.  

Nadie podría discutir la decisión del gobierno federal en el sentido de combatir el problema y de la población en respaldar la medida; sin embargo, las afectaciones como consecuencia de recuperar a Pemex de años de saqueo impune y por lo visto solapado, van más allá de lo que supone el propio presidente de la República, su gabinete, o incluso otras autoridades como la jefatura de gobierno de las Ciudad de México.

Las afectaciones se perciben desde el momento en que muchos capitalinos no llegaron a tiempo a sus trabajos y perdieron el día de salario, o de quienes permanecieron en largas filas lo mismo con vehículos que con bidones, solo para toparse tras horas de espera con que la gasolina se había acabado en la estación de servicio. Hubo quienes de plano se amanecieron formaditos o más cerca posible de la gasolinera para conseguir unos cuantos litros de combustible.

O qué decir de algunas estaciones de servicio que elevaron el precio del combustible ante lo desbordado de la demanda, o de quienes a río revuelto elevaron hasta en 100% el precio de venta de bidones.

No respaldar al gobierno federal en la cruzada contra este atraco a la nación sería un contrasentido. Ahorita duele y enoja porque nos afecta día con día en lo personal, pero esperamos que a la larga redunde en beneficio de Pemex, y que en el mediano plazo derive en incremento de ingresos para el gobierno federal, vía impuestos y por la venta de gasolina que realmente produce y comercializa la empresa de todos.

Sin embargo, esto no debe detenerse con la recuperación de la industria petrolera nacional. De ninguna manera: los mexicanos exigen saber quienes son los autores de este atraco a la nación y llevarlos ante la justicia.

Nada de borrón y cuenta nueva señor presidente. Nos robaron a todos y todos exigimos castigo para los ladrones de gasolina y los saboteadores de ductos.

Necesitamos que el gobierno nos haga caso. La corrupción no se combate solo cerrando la llave a los hampones. Hay que llevarlos a tribunales, señalarlos, exhibirlos y que todos sepamos quienes nos han atracado.

¿Amor y paz para quienes han saqueado bienes de la nación?

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