Ante las declaraciones de la Presidencia de la República sobre el contenido de la Recomendación relativa a violaciones a derechos humanos de usuarias y beneficiarias del “Programa para Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fijó postura en un comunicado en donde expresa su “profunda preocupación por las descalificaciones y demás manifestaciones” del Presidente sobre la Recomendación y el trabajo de la Comisión.

La CNDH lamenta que “en lugar de emprender acciones para un real respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, se opte por desinformar y, sin argumentos de sustento, pretender generar en la sociedad una percepción equivocada sobre un caso que implica una vulneración a los derechos de niñas y niños, así como de madres y padres trabajadores, grupos en condición de vulnerabilidad respecto de los cuales, conforme lo previsto por la Constitución y diversos instrumentos internacionales, tendría la obligación de garantizar prioritariamente la vigencia efectiva de sus derechos”.

Explica que la Recomendación, se basa en 204 quejas, presentadas por 5,340 personas agraviadas, y en ella se exponen actos ilegales y vulneraciones a los derechos de niñas, niños, madres y padres trabajadores, como consecuencia de los recortes y afectaciones presupuestales a lo que era el Programa de Estancias Infantiles, así como de la monetización que se pretendió llevar a cabo de los servicios y prestaciones que se otorgaban a través de dichas estancias.

La CNDH lamenta que, dejando de lado cualquier posibilidad de diálogo o búsqueda de entendimiento, las dependencias destinatarias de la Recomendación señalaron su no aceptación, y el Ejecutivo Federal haya optado sin fundamento, por expresar su negativa y descalificar públicamente el trabajo de la Comisión Nacional.

Apunta la CNDH que más allá de comunicados de prensa y declaraciones públicas, las instancias destinatarias de la Recomendación abonarían a la transparencia y objetividad que el caso demanda, haciendo públicos los escritos en los que fundan y motivan su negativa.

Añade la Comisión que México se encuentra obligado a asignar hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes aun frente a recortes o ajustes presupuestales, por lo que solicitará en su caso a la Cámara de Senadores, citar a las autoridades y servidores públicos responsables para que expliquen el motivo de la negativa, y que la vigencia de los derechos humanos no se condicione a intereses o coyunturas políticas, ideológicas, económicas o de cualquier otra índole.

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