La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, afirmó que continúan “las tensiones políticas y los actos de violencia de las fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición” en Venezuela.

Bachelet dijo lo anterior durante una actualización ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, e indicó que entre esas tensiones y actos de violencia desde el 5 de enero, Fuerzas de Seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la Asamblea Nacional.

Lamentó la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Victor Ugas, y precisó quee su Oficina también ha documentado agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo.

Apuntó que el 11 de febrero fueron agredidos al menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en las afueras de Caracas tras su gira por Europa y Estados Unidos; mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas en un acto político en el Estado de Lara.

“También hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, distintas ONG y oficinas de medios de comunicación”, agregó la andina. Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.

Agregó que “me preocupa el anuncio de que se aprobará una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONG”.

Por otro lado, se ha documentado el hostigamiento en contra de autoridades universitarias. También persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y detención arbitraria de líderes sindicales. Además, la Oficina de Derechos Humanos sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en Caracas.

Respecto a los derechos económicos y sociales, preocupan las imposiciones de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera. Tales sanciones, resaltó Bachelet, disminuyen los recursos del Gobierno destinados al gasto social.

Además, a pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del cumplimiento de las sanciones más allá de lo necesario por parte del sector financiero.

Sobre la situación de la infancia. Bachelet dijo que “sigue siendo urgente atender la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidad de trasplante”. Hasta este momento, 38 niños siguen en lista de espera en Venezuela y 6 están pendientes de ser atendidos en Argentina, y lamentablemente, algunos han fallecido esperando el trasplante.

Una reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos mostró que 2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria* severa y siete millones en inseguridad alimentaria moderada.

Otro elemento conocido es la situación de las personas que han abandonado el país. Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado Venezuela. (Naciones Unidas)

 

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