Las acciones contra los gigantes tecnológicos estadounidenses no cesan en Europa y ahora, el Tribunal de Apelación de Londres autorizó una acción colectiva contra Google por su posible recopilación ilegal de datos de 4 millones de usuarios de iPhone.

Un reporte de la agencia Reuters indica que los demandantes aseguran que esa compañía accedió a datos privados de navegación por Internet de usuarios de esos dispositivos de Apple al eludir las configuraciones de privacidad del navegador web Safari entre junio de 2011 y febrero de 2012.

Richard Lloyd, uno de los quejosos y representante de esta iniciativa conjunta, dijo que esta decisión “envía un mensaje muy claro a Google y otras grandes compañías tecnológicas: no están por encima de la ley”, estimando que la decisión judicial indica que “Google puede ser responsabilizado” en Reino Unido por “uso indebido de datos personales” y los grupos de consumidores pueden “solicitar de manera conjunta a los tribunales una reparación cuando las empresas se benefician ilegalmente de las violaciones ‘repetidas y generalizadas’ de nuestros derechos de protección de datos”.

Una vocera de Google declaró en Mountain View, California, que este caso “debería ser desestimado” porque “está relacionado con acontecimientos que tuvieron lugar hace casi una década y abordamos en su momento”.

Apenas en septiembre pasado, la plataforma de videos YouTube de Google acordó con la Comisión Federal de Comercio de Estados unidos abonar 170 millones de dólares para resolver reclamos por violar la ley de privacidad infantil.

La Comisión concluyó que YouTube se beneficiaba económicamente de los datos personales de menores de 13 años que recababa y compartía sin el consentimiento de sus padres, como evidenciaban las presentaciones a compañías de juguetes en las que aseguraba que es “el sitio web número uno en visitas regulares de niños”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, organismo que controla la protección de datos en Francia, multó a Google con cerca de 57 millones de dólares en enero por violar las normas de privacidad que impuso el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

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