La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 4 acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la institución denominada Guardia Nacional.

precisa en un comunicado que la promoción de las acciones de inconstitucionalidad es tarea frecuente y fundamental para la Comisión, ya que tiene como fin que la Suprema Corte determine si una ley protege, respeta y garantiza los derechos humanos de las personas.

Para la Comisión, las leyes impugnadas no regulan todos los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de dichos ordenamientos, por lo que estima que el Congreso Unión incurrió en  omisiones legislativas, respecto de las cuales la SCJN debe pronunciarse.

La CNDH no impugnó las leyes en su totalidad; además de señalar omisiones legislativas presentó argumentos sobre partes específicas de dichas leyes con la finalidad de que el Máximo Tribunal del país resuelva sobre su constitucionalidad y apego a los derechos humanos, entre otros:

La facultad para detener a particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones y localizar su posición geográfica en tiempo real sin que exista denuncia, para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas, afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello.

Inspeccionar y vigilar entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones de la Ley de Migración transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias.

La posibilidad de la utilización de armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas, vulneran los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de reunión.

 La reserva absoluta, previa, permanente e indeterminada que toda la información, restringiendo el acceso a la información y estableciendo una prohibición expresa para su acceso al público, independientemente de su contenido o naturaleza.

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