Alonso Ancira, dueño de altos Hornos de México, ingresará a prisión preventiva en Madrid a la espera que las autoridades españolas confirmen su extradición a su país, proceso que podría durar varias semanas según fuentes judiciales.

Ancira, de 67 años de edad, declaró esta mañana de miércoles desde los juzgados de Palma de Mallorca, ciudad donde fue detenido el martes cuando se disponía a abordar un avión privado hacia estados unidos.

En presencia de su abogado, negó las acusaciones de blanqueo y malversación que pesan en su contra por la presunta venta irregular de una planta fertilizante a Petróleos Mexicanos en 2013 cuando era dirigida por Emilio Lozoya Austin, operación que habría generado a Pemex una grave pérdida patrimonial.

El empresario mexicano también es acusado de presunta vinculación con pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht al exdirector de Pemex.

La última palabra la tiene el Gobierno español, que reunido en el Consejo de ministros, decidirá sobre la petición de la fiscalía en un plazo máximo de 40 días.

El siguiente paso en el camino a la extradición de Ancira será una vista en la Audiencia Nacional, en la cual tendrá que declarar si está conforme con su entrega a las autoridades mexicanas, un formalismo que exige la ley.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó la declaración de Ancira por videoconferencia y decretó la prisión provisional hasta que se produzca la extradición.

En cuanto a Emilio Lozoya, sobre quien también hay orden de aprehensión, Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, suspendió provisionalmente la orden de aprehensión librada contra el exdirector de Pemex.

Su abogado, Javier Coello Trejo, ha señalado en diversas entrevistas durante las últimas horas que la investigación debe ir hasta donde tope, y que podría citar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, en el caso de la compra a sobreprecio de una planta “chatarra”.

Lozoya es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal, y de acuerdo con Coello Trejo, .“no se movía una hoja si no era por instrucciones del Presidente”.

Asimismo, señala que quienes avalaron la compra de la planta de Fertinal fueron  los integrantes del Consejo de Administración de Pemex.

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