El 23 de diciembre resultó histórico para Chile, luego de que presidente de Chile, Sebastián Piñera promulgó la ley que hace posible convocar un plebiscito el 26 de abril donde los chilenos decidirán si cambian la Constitución existentes desde el régimen del general Pinochet.

Las protestas en Chile estallaron el 18 de octubre y han dejado un saldo de  26 muertos de acuerdo a la Fiscalía Nacional, tras multitudinarias manifestaciones, enfrentamientos con la policía, saqueos y ataques al comercio y otras instituciones, en busca de más democracia y mejores opciones de vida.

Piñera expresó al firmar esta ley aprobada la semana pasada en el Congreso que “abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo Constitucional”, aunque aclaró que “no es una vara mágica que resuelve todos los problemas”.

El acto de hoy cristaliza una de las principales demandas en las manifestaciones sociales que sacuden Chile desde hace 2 meses y a la ceremonia asistieron diversas autoridades ante quienes Piñera destacó la importancia de “recuperar el valor de la unidad, del diálogo, de los acuerdos, especialmente con los que piensan distinto”.

El mandatario conservador llamó a “condenar de forma clara categórica todo tipo de violencia porque eso sólo envenena el alma de nuestro país”.

Añadió que su gobierno garantizará “un proceso libre, transparente y democrático”, subrayando que este plebiscito “debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días”.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile denunció por su parte que “se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica” de las personas durante las manifestaciones sociales que estallaron en el país hace 2 meses.

Al entregar su informe anual, el INDH críticó el trabajo de los Carabineros, tras “constatar que se reiteran conductas como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamientos en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos”.

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