La Confederación Patronal de la República Mexicana se dice preocupada de que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda, de forma unilateral, bloquear cuentas bancarias, cuando cuente con indicios suficientes que se trata de personas o actos relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según los patrones, en los hechos no se garantiza que dentro de las justificaciones contempladas en la iniciativa del senador Ricardo Monreal, se encuentran que supuestamente respeta derechos procesales de personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, así como su garantía de audiencia, y que se establecen plazos para comparecer ante la UIF para que esta emita una resolución fundada y motivada que podría ser impugnada por el interesado.

Por otra parte, la Confederación considera que en la iniciativa se intenta solventar la falta de correspondencia constitucional señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecerse el procedimiento de bloqueo de cuentas, incluyendo la garantía de audiencia, pero no se distingue el tipo de acto o investigación que motiva el bloqueo, lo cual podría derivar en actos discrecionales de la autoridad.

La posición de  Coparmex es que esta reforma podría afectar garantías individuales y es contraria al principio de seguridad jurídica de los particulares, por algunas razones.

Advierte que el bloqueo de operaciones activas y pasivas, así como el de servicios bancarios, no deja de ser una medida cautelar, y lo que se busca es que la Secretaría de Hacienda pueda mantener más tiempo sus efectos

Asimismo, sigue vigente la posibilidad de que se ejecute dicha medida, sin que esté relacionada con un procedimiento administrativo o jurisdiccional.

Mas aún, menciona que no se hace la distinción de que estos bloqueos sólo pueden llevarse a cabo con motivo de peticiones de autoridades internacionales, por lo que la UIF podrá seguir llevando a cabo el bloqueo de cuentas con motivos o investigaciones nacionales, argumentado de forma ambigua, la prevención o interrupción de actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, la economía nacional o el sistema financiero. 

Por lo tanto, con esta reforma se pretende maniobrar para dar la vuelta a la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, que establece que es inconstitucional el bloqueo de operaciones activas, pasivas y comerciales bancarias de cuentas, por la inclusión de personas al listado de personas bloqueadas.

Coparmex exige a la UIF, certeza y objetividad en los criterios que provocarán la inclusión en la lista de personas bloqueadas, dado que estos no deben ser facultades discrecionales, ocultas o difusas definidas por la autoridad mencionada, y para garantizar que no haya uso indebido de estas atribuciones, que se sancione a los servidores públicos que no acrediten haber aplicado los criterios correspondientes para la inclusión en la lista de personas bloqueadas.

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