La Comisión Económica para América Latina y el Caribe propuso que los gobiernos garanticen un ingreso mínimo de emergencia a la población más vulnerable para que pueda enfrentar el impacto de la pandemia de coronavirus y que la reactivación de la economía sea sólida y relativamente rápida.

La propuesta plantea transferencias de efectivo temporales e inmediatas que permitan a las familias pobres satisfacer necesidades básicas de consumo. Asimismo, considera que a largo plazo esas transferencias sean permanentes e incluyan a estratos más amplios de población como los que se encuentren cerca de caer en la pobreza, con la intención de avanzar hacia un ingreso básico universal.

Al presentar un informe sobre los desafíos relacionados con la crisis que afrontarán los países latinoamericanos y caribeños, la secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, advirtió que la superación de la pandemia de COVID-19 tomará tiempo, lo que dificultará que la economía y la producción se reactiven.

Dijo que “la pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y carencias de los sistemas de protección social y regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”.

El ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL equivaldría a una línea de pobreza costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas por 6 meses a toda la población en situación de pobreza en 2020, es decir, 215 millones de personas, 34,7% de la población regional.

El estudio señala que, en el corto plazo, la pandemia provocará un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico. La CEPAL prevé una caída del 5,3% del PIB y un incremento del 3,4% del desempleo en 2020. En tanto, la pobreza crecería 4,4% respecto al año anterior, alcanzando al 34,7% del total de la población, o 214,7 millones de personas. La desigualdad también se extendería, consecuentemente.

También prevé un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios, y apunta que los grupos especialmente vulnerables a la crisis serían mujeres, personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, trabajadores informales, trabajadoras domésticas remuneradas, niños y adolescentes, jóvenes, personas mayores, población rural, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, y personas sin hogar.

Hasta ahora, son 29 los países latinoamericanos y caribeños que han implementado provisiones de protección social para la población pobre y vulnerable. Entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90,5 millones de familias, o 58% de la población regional.

“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, “Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social y fiscal”, concluyó Bárcena. (Naciones Unidas)

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