Más de 9 mil exguerrilleros de las FARC deberán ser protegidos por el gobierno de Colombia y varias entidades del Estado, luego de que la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia estimara que no son suficientes sus esfuerzos para evitar nuevos asesinatos de ex combatientes.

En un comunicado, la Jurisdicción señala que “10 meses después de que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP empezó el estudio de medidas cautelares colectivas para proteger a los comparecientes de las FARC, la jurisdicción encontró que se cumple con los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad para impartir órdenes a distintas autoridades”.

Entre los organismos señalados están los ministerios de Defensa y del Interior, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, y la Procuraduría General para que “se fortalezca el monitoreo y seguimiento de resultados, eficacia y cumplimiento de las alertas tempranas”, mediante los que se advierte a los órganos de seguridad qué personas o poblaciones corren peligro de muerte.

Entre las órdenes dictadas, la Jurisdiccion instó al Ministerio de Defensa a apoyar a la Fiscalía General para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas donde no se le ha permitido trabajar.

Asimismo, urgió al Alto Comisionado para la Paz, para que al término de 2 semanas envíe los lineamientos y plan de acción de la Política Pública y Criminal para desmantelar a las organizaciones criminales.

Además, ordenó a la Defensoría del Pueblo fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas.

También se ordenó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía informar sobre los avances en las investigaciones de 19 ex combatientes de las FARC asesinados, que habían denunciado amenazas.

Según el organismo, “hay un bajo nivel en el acatamiento de las recomendaciones” que hace la Defensoría del Pueblo al Ministerio del Interior y no hay “acciones judiciales o disciplinarias interpuestas ante las autoridades que busquen asegurar el cumplimiento de las competencias de las entidades del Gobierno en materia de protección de excombatientes”.

TmLyego de la firma del Acuerdo Final de Paz, en noviembre de 2016, unos 13 mil miembros de las FARC se desmovilizaron e iniciaron su reintegración a la vida civil, pero desde entonces, 258 han sido asesinados.

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