La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó a la cancillería la restitución de las visas a los 8 miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y 3 de sus familiares a quienes el Gobierno les solicitó que abandonaran el país.

La resolución fue tomada luego de analizados los amparos presentados por la  Comisión, algunos diputados, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el abogado Alfonso Carrillo en contra de la cancillería.

Asimismo, la Corte dio instrucciones de que a partir de ahora se resuelvan favorablemente las solicitudes de visas que estén a la espera de ser entregadas, al tiempo que exigió a la cancillería que se abstenga de realizar cualquier acto que limite o merme el libre tránsito de los funcionarios de la comisión, dependiente de Naciones Unidas.

El Gobierno de Guatemala había asegurado antes de la resolución judicial que los funcionarios habían abandonado el país en “cumplimiento de lo ordenado por el Instituto Guatemalteco de Migración”.

De igual forma, la fiscal general, María Consuelo Porras, anunció una investigación por abuso de autoridad en contra de la canciller, Sandra Jovel.

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