La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas avaló una  propuesta de resolución, patrocinada por  países del grupo de Lima como Colombia, Perú, Brasil y Argentina para investigar eventuales violaciones a derechos humanos en Venezuela, propuesta procesada con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones, entre ellos las de México y Uruguay.

La resolución indica que la comisión “investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitraras, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014” ocurridos en Venezuela y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.  Se pide que esta misión, cuyos miembros serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, sea “enviada urgentemente” a Venezuela.

Esto ocurre luego de que Venezuela adoptara otra resolución en el Consejo sobre “el fortalecimiento de la cooperación” en el ámbito de los derechos humanos con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La chilena anunció la firma de un acuerdo con Venezuela destinado a aumentar la cooperación en materia humanitaria, y que tiene entre sus fines, abrir una oficina permanente en ese país, al tiempo que Caracas aceptó “la presencia continua” de dos responsables del Alto Comisionado en la capital del país.

La resolución “insta a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión” y le “brinden acceso inmediato y sin trabas”, y si el gobierno venezolano no autoriza su presencia, los investigadores de la ONU podrían trabajar desde el extranjero, como ocurre con los expertos de Naciones Unidas que investigan los abusos en Siria o Birmania, usando testimonios de refugiados.

Luego de la votación, el embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió de que su país no cooperará con esta misión, y dijo que “la imposición de mecanismos de monitoreo adicionales no contará jamás con el consentimiento de mi país”, subrayando que Caracas había ya acordado una “cooperación técnica” con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

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