La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa en coordinación con la Secretaría de Movilidad, llevaron a cabo el retiro de bicicletas y monopatines que no cuentan con el permiso anual de operación.

En total, fueron retiradas de espacios públicos y con estricto apego a los procedimientos administrativos correspondientes 105 unidades de la empresa MOBIKE y 121 de LIME, en distintos puntos de la ciudad.

Cabe mencionar que el 25 de julio la SEMOVI envió notificaciones para el retiro de unidades a LIME, mientras que el 12 y 23 de julio se hizo lo propio con MOBIKE. Asimismo, ambas empresas fueron informadas esta mañana por el INVEA sobre el inicio de esta acción por parte del Gobierno de la Ciudad.

LIME y GRIN, empresas de micromovilidad, participaron en el proceso para la obtención de un permiso anual de operación en la Ciudad de México, sin embargo, ambas, pese a haber realizado todo el procedimiento, aceptar las condiciones de participación y obtener un importante número de unidades para dar servicio, decidieron no pagar el monto que ellas mismas ofrecieron a la ciudad.

Estos operativos se realizan de acuerdo a lo establecido en la Ley de Movilidad y al Reglamento de la Ley de Movilidad y tienen como misión dar certeza a las empresas que obtuvieron un permiso anual para brindar sus servicios.

Asimismo, el retiro continuará en los próximos días y sólo será aplicado a las empresas que no hayan cumplido con el pago de la contraprestación. En ningún momento se hará en contra de particulares o empresas que cuenten con este documento y cumplan con lo estipulado en el mismo.

Por su parte, Lime afirmó que tenían conocimiento de que las autoridades capitalinas comenzaron a decomisar patines eléctricos, y denuncian que para ello, se está haciendo uso de policías, por lo que analizan sus alternativas legales, y determinarán sus siguientes pasos para asegurar que los derechos de los usuarios de sistemas de micromovilidad y de Lime estén protegidos.

Añade que Lime busca proveer opciones de movilidad convenientes y accesibles para la Ciudad de México, y está dispuesta a pagar una contraprestación a la ciudad por la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, es inviable operar bajo un esquema que no ofrece certeza jurídica, y que los habitantes de la Ciudad de México merecen algo mejor, y deberían contar con nuevas opciones de movilidad al igual que otras ciudades del mundo.

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