Luego de denunciar lo que a su juicio son presiones del Ejecutivo y la volatilidad e irregularidad en las decisiones de jueces y magistrados, el colectivo #NoMásDerroches solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se haga cargo de resolver un asunto en el que se definirá el futuro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de México: el aeropuerto en Santa Lucía.

Menciona además en un comunicado que resolvería sobre un litigio que marcará la pauta de actuación del Poder Judicial de la Federación ante cualquier otro proyecto de infraestructura cuestionable desde el punto de vista jurídico y potencialmente violatorio de los derechos humanos.

El colectivo de ONG’S afirma que en repetidas ocasiones, el Presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con “exhibir” a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía (conferencia mañanera del 8 de julio).

Explica que prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y que ante esta intervención desmedida, el Juez Quinto ha modificado su criterio y, a pesar de que otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto, ahora niega las mismas con base en “nuevas” reflexiones jurídicas.

Recuerda que este martes, el juez revocó una suspensión definitiva otorgada previamente en atención a que la SEDENA considera que el proyecto aeroportuario es una “instalación estratégica”. En otras palabras, estima que es válido el inicio de la construcción del aeropuerto por “seguridad nacional” a pesar de que aún no existen estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural y de impacto social.

#NoMásDerroches se pregunta si no debería considerarse de “seguridad nacional” que un aeropuerto que recibirá a millones de pasajeros al año cuente con todos los estudios y permisos que exigen las leyes antes del inicio de la construcción de tan “estratégica” obra.

Considera que el asunto es de importancia y trascendencia nacional, pues dará oportunidad a la Corte de pronunciarse respecto a: i) si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando es evidente que no cumplen con los requisitos legales, ii) si en el juicio de amparo el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y para velar que el gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y iii) si debe permitirse el peligroso precedente de privilegiar la “seguridad nacional” en obras públicas cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano.

La Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de octubre, para que conozca de las suspensiones definitivas que aún se encuentran vigentes, y, en su momento, se solicitará la atracción del recurso que se interpondrá en contra de la suspensión revocada el día de hoy.

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