El Tribunal Superior de Justicia de Madrid echó para abajo las nuevas restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno central a la comunidad autónoma madrileña como lo demando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien gobierna el territorio español con más casos de coronavirus.

De acuerdo con la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal, el confinamiento perimetral de Madrid y otros  9 municipios viola derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos porque la Orden para imponer las restricciones no fue avalada en el Congreso de los Diputados.

La conservadora Ayuso y el socialista de Pedro Sánchez mantienen una disputa en torno a las nuevas las restricciones donde quienes pagan son los ciudadanos, en un pleito donde la pugna gira en torno a las afectaciones económicas y la eficacia para frenar el virus aplicando un confinamiento perimentral urbano total como pide el Gobierno central de Sánchez, o por barrios como lo hacía la presidenta local Ayuso.

Las autoridades madrileñas acataron la resolución de Ejecutivo y aplican las limitaciones desde el viernes para 4,8 millones de habitantes, pero recurrieron ante la Justicia las medidas. El tribunal pone en duda la fórmula jurídica utilizada por el Ministerio de Sanidad, y apuntan que la Orden Ministerial supone “una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada”.

Madrid es la Comunidad Autónoma más afectada de España con 255 mil 615 casos, 3 mil 890 persona en cuidados intensivos y 9 mil 634 fallecidos.

El ministro de Sanidad ya pidió una reunión urgente del Grupo COVID-19 que gestiona la situación en Madrid. Durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados decía que el “plan A, el plan B y el plan C es proteger la salud pública basándose en las recomendaciones de los expertos”.

A su vez, Ayuso ha pedido al Gobierno central una reunión para acordar medidas “sensatas, concretas, justas y ponderadas” porque, las medidas actuales están hundiendo a sectores como la hostelería y han creado confusión entre los ciudadanos.

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