El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer su pronunciamiento en relación al derecho a la protección de la salud, como consecuencia del recorte presupuestal a ese sector y se dijo preocupado por el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población, derivado de la reducción presupuestal en el sector como parte de las medidas de austeridad de la actual administración.

En un comunicado, pide al presidente de la República y a las autoridades fiscalizadoras del gasto público y de salud, medidas urgentes para garantizar a todas las personas el acceso a servicios de atención médica, medicamentos, tratamientos y prestaciones de seguridad social.

Explica que el Estado debe transitar de una visión donde la actuación de las autoridades de salud se dirige a paliar carencias sociales, a una encaminada a la garantía plena de los derechos humanos, con un nuevo enfoque en la recaudación, asignación y ejercicio de los recursos públicos, que privilegie al Sistema Nacional de Salud, priorice la atención de los sectores más vulnerables, y establezca mecanismos adecuados para asegurar sostenibilidad financiera, incremento progresivo de la cobertura y  calidad de los servicios de salud.

Apunta que México necesita un sistema de salud que se enfoque en las necesidades de las personas, y sea capaz de ofrecer atención preventiva y personalizada.

Ante señalamientos de corrupción, irregularidades o uso indebido del gasto público, es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables. Asimismo, las medidas de austeridad deben prever lo necesario para evitar el subejercicio del gasto público en detrimento del desarrollo nacional.

Estima el Consejo que las autoridades deben asegurar la continuidad del suministro de medicamentos y su disponibilidad en todas las unidades médicas, así como la presencia de personal suficiente que cuente con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin dilación o interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente, digna y de calidad.

Añade que la participación del sector privado, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los representantes del sector empresarial y de las personas trabajadoras, las organizaciones internacionales, los distintos sistemas de seguridad social en el país, resulta fundamental en la construcción de servicios de salud de calidad para todas y todos

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