En algunas ocasiones pareciera que no hay alguna otra forma de oponerse a las decisiones del Gobierno que el realizar marchas, plantones y cierres a la circulación de los vehículos en calles y avenidas principales, incluso en las casetas de las principales carreteras del país, para lograr, como grupo de presión, que el gobierno ponga atención a lo que se demanda por parte de los ciudadanos e incluso intentando que revoque sus decisiones.

Marchas y plantones se realizan todos los días en nuestro México, que de por sí ya tiene tantos problemas vehiculares y a eso le debemos de sumar esas formas de manifestación que ha utilizado la sociedad para ser escuchado en sus peticiones al gobierno.

Sin embargo, el gobernador de Tabasco, envió una iniciativa para reformar el código penal del Estado, misma que fue aprobada por el Congreso de Tabasco, y que entró en vigor el 1º de agosto de 2019,  que contempla que al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de entre 84 mil a 168 mil pesos.

Así, con dicha modificación a la ley penal se generará un efecto de “garrote”, de manera que, el gobierno y los jueces de Tabasco, podrán usarla para que legalmente, se puedan violar derechos humanos y garantías individuales de quien decida participar en una marcha, plantón o manifestación, ya que en nuestra Constitución Federal, en su artículo 6º, se contempla la libertad de expresión y manifestación de ideas y en el artículo 9º, la libertad de asociación y de reunión; siempre bajo un marco de respeto y de legalidad.

Y si bien es cierto que los ciudadanos mexicanos tienen el legítimo derecho a manifestarse y a expresar cualquier tipo de comentario y de realizar los mítines que crean necesarios, conforme a lo que dispone el artículo 6º de la Constitución Federal que establece la garantía de los mexicanos de una libre y total posibilidad de llevar a cabo la expresión de sus ideas, protegiendo así la garantía constitucional de libertad de expresión, sin embargo ésta garantía constitucional tiene sus limitantes que son: el no atacar a la moral, LOS DERECHOS DE TERCERO, no provocar algún delito, ni perturbar el orden público. De tal manera que la referida garantía de libertad de expresión, al ejercitarse en la forma en que la utilizan los marchistas al realizar el cierre de vialidades mediante un plantón, choca con otra garantía constitucional del resto de los ciudadanos que es la garantía constitucional de libre tránsito prevista en el artículo 11 de la Constitución Federal.

Es decir que nadie se oponga a que una persona pueda transitar por este país sin que se le impida realizar una travesía o recorrer un camino en el interior de este País, de manera que está consignada la libertad de tránsito en todo México y dicha libertad de tránsito no debería de ser impedida obstaculizado el paso de las personas y sus vehículos por las diversas arterias vehiculares.

Cierto es que debemos de estar conscientes de que existen los medios correctos para realizar nuestras peticiones al gobierno, y que hay que guardar equidad y respeto tanto al derecho de asociación, como al derecho a la libre expresión y a la manifestación de las ideas guardando un equilibrio con el derecho al libre tránsito, pero… ¿no será este el primer paso de dicho gobierno estatal para limitar la libre expresión de las ideas y la libertad de asociación?

 

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