Ya se aprobó e incluso se publicó en el periódico oficial del Estado de Baja California la reforma a la ley que amplía de 2 a 5 años el mandato de Jaime Bonilla como Gobernador de ese Estado de la República, reforma a la que se le ha denominado Ley Bonilla.

Sin embargo el Congreso del Estado emitió la convocatoria para elegir Gobernador por un período de dos años con el fin de homologar las elecciones locales con las federales en el año 2021, para ello, la propia Constitución del Estado contenía ya un artículo transitorio para establecer un período gubernamental de dos años y el pasado 3 de junio en las elecciones de gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Morena, PT y Partido Verde, obtuvo mayoría de los votos emitidos resultando el ganador de la contienda.

Es necesario señalar que la voluntad de los ciudadanos votantes que acudieron a las urnas a elegir a su Gobernador fue para un periodo de 2 años y no de 5 años, pero el 9 de julio, el diputado Víctor Manuel Morán presenta ante el Congreso de Baja California una reforma al artículo 8 de la Constitución local, para que el próximo gobernador, Jaime Bonilla, pueda permanecer en el cargo durante cinco años en vez de los dos para los que recibió la confianza de los electores, lo cual más allá de las cuestiones partidistas y políticas que implica, choca con la garantía establecida en el artículo 14 Constitucional de “irretroactividad de la ley” que señala que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna” (los millones de votantes que eligieron a un gobernador por 2 años y no por 5 años serían los perjudicados).

La recta interpretación constitucional, hace ver que tal precepto se dirige a los Jueces, a los tribunales y, en general, a las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes o de su ejecución. Para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial.

De manera que cuando el Congreso local, aprobó dicha reforma dando luz verde a la “Ley Bonilla”, se está violando la garantía constitucional de irretroactividad de la ley y con ello también la garantía de seguridad jurídica prevista en el mismo artículo 14 de la Constitución Federal, por pretender burlar la voluntad ciudadana externada en las urnas, ya que se trata de una ampliación de mandato sin sustento en la voluntad expresada en las urnas, en la ley, ni en la Constitución Federal de la República, puesto que el Congreso local aprobó la reforma después de haber transcurrido la jornada electoral, haberse computado los votos y calificado la elección; situación que va en contra de la legalidad.

Además, el 2 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que Jaime Bonilla ganó la elección a la gubernatura de Baja California y declaró válida la constancia de mayoría. Sin embargo, el organismo detalla que la elección fue validada por un periodo de dos años y no de cinco.

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia desechó una Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la Ley Bonilla porque el Instituto no está dentro de las autoridades que pueden presentar una Acción de ese tipo, pero el organismo presentará una Controversia Constitucional en contra de esas reformas avaladas por el Congreso del Estado, por las que se extendió de 2 a 5 años el periodo de gobierno del ahora mandatario local Jaime Bonilla, recurso que desde nuestro particular punto de vista el Instituto sí está legitimado para promoverlo y con el cual se buscará preservar la democracia y el respeto a los derechos electorales en el país.

Por lo pronto Jaime Bonilla ya tomó posesión del cargo, si se respeta la voluntad ciudadana, la verdadera soberanía popular y los principios y garantías de la Constitución será por dos años que desempeñará el cargo.

 

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