La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso votó en contra la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que comparezcan los secretarios María Luisa Albores González, de Bienestar; Arturo Herrera Gutiérrez, de Hacienda; Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria y María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La solicitud de la CNDH se generó a raíz de la negativa del gobierno federal a aceptar la recomendación emitida por dicho organismo público autónomo por la cancelación del programa de estancias infantiles, informó la senadora panista Kenia López Rabadán.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que “la CNDH y el Congreso deben ser contrapesos en una Nación democrática como la nuestra y sin embargo, el grupo parlamentario mayoritario no permite cumplir con esta labor”,

En la resolución de la CNDH se recomienda restituir los derechos violados a diversas personas por la cancelación de las estancias infantiles, incluidos los derechos de las niñas y niños con discapacidad que ahí eran atendidos.

La panista abundó que con dichas acciones, la Comisión Permanente se opone a que se les restituyan sus derechos a niñas y niños a tener una vida digna, a un sano desarrollo integral, a la inclusión, a la educación, a la protección de la salud, entre otros.

Destacó que el Congreso le  da la espalda a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego de que el Presidente de la República se comprometió el 10 de diciembre pasado a que aceptaría las recomendaciones de la CNDH.

López Rabadán acusó que al no aceptar la comparecencia, el Congreso evita que la CNDH presente una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por negligencia de servidores públicos que se negaron a aceptar la recomendación, ya que uno de los requisitos para hacerlo es que el Senado o  la comisión permanente, cite a comparecer a los servidores públicos para que expliquen los motivos que los llevó a no aceptar la recomendación y en caso de que sean insuficientes, la CNDH pueda acudir ante el Ministerio Público.

El gobierno federal determinó entregar de manera directa los apoyos a los padres de familia, terminando con la política de canalizarlo a las estancias, debido a que a su juicio, había prácticas de corrupción en el proceso.

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