La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó la reciente liberación de 24 personas inculpadas en el “Caso Iguala” y reitera la necesidad de que los procesos penales iniciados se fortalezcan probatoriamente y las nuevas consignaciones se hagan de manera más sólida y mejor estructurada, aprovechando los elementos probatorios e información con la que se cuenta en la Recomendación correspondiente que no ha sido atendida ni cumplida.

 

En un comunicado, el organismo señala que el riesgo de que las inconsistencias y fallas en las investigaciones y procesos penales pudiera propiciar la liberación de los presuntos responsables, fue señalado por la CNDH desde julio de 2015 y ratificado en la Recomendación que por violaciones graves a los derechos humanos se emitió en noviembre de 2018.

 

Ante esto, urgió a la Fiscalía General de la República que actúe para subsanar tales situaciones, fortaleciendo, reencauzando o iniciando nuevos procesos penales sustentados, que permitan reaprehender a quienes siendo responsables fueron liberados.

 

Explica la Comisión que el hecho de que algunas pruebas existentes en el expediente se haya determinado que jurídicamente no son válidas por ser obtenidas de manera indebida durante las investigaciones, no resta valor o anula al resto de las evidencias, información y elementos objetivos de convicción con que las autoridades cuentan, cuestión que debe ser señalada y defendida dentro de las causas judiciales.

 

Apunta que el hecho de que se haya decidido realizar nuevas investigaciones, no puede significar que se dejen de lado los elementos y resultados de las realizadas previamente o se abandonen procesos iniciados con base en las mismas.

 

Más aún, vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de que se dé cumplimiento al contenido de la Recomendación 15VG/2018, y en particular seguirse las líneas de investigación que se plantean, además de llevarse a cabo diligencias que podrían redefinir el sentido del caso y los delitos por los que los presuntos responsables tendrían que responder.

 

La CNDH añade que la verdad en el “Caso Iguala” es una y no puede estar sujeta a coyunturas o intereses de ninguna índole, más que al compromiso de que las víctimas obtengan la justicia y reparación a la que tienen derecho.

 

La investigación de posibles irregularidades u omisiones en las que servidores públicos podrían haber incurrido al participar en las diligencias del caso, o de la laxitud de algunas resoluciones judiciales, no debe distraer la atención del objetivo que es el evitar que este asunto quede en la impunidad.

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