En un texto respaldado por 1812 y 232, agrupaciones, estancias y personas, la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad señalan que el respeto a los derechos humanos debe ser la base de cualquier gobierno democrático, y que en el caso de nuestro gobierno el candidato usó en todo momento durante su campaña los derechos fundamentales y su compromiso con las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como bandera del cambio.

Por eso indican que fue sorpresiva y alarmante la cancelación del programa de estancias infantiles, medida que garantizaba la protección de los derechos de niñas y niños a servicios de cuidado y de atención, así como fomento al desarrollo profesional de sus madres y padres.

Aseguran que la medida fue una clara y flagrante violación a sus derechos humanos y al principio de progresividad de los mismos, consagrado en el artículo 1º constitucional, y que por ello nos suman y celebran la actuación de los operadores jurídicos que desde el Poder Judicial de la Federación, han protegido estos derechos a través de diversas resoluciones de juicio de amparo.

Asimismo, las organizaciones y personas firmantes respaldan la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y su recomendación contra la cancelación de este programa, por lo que consideran inadmisibles los ataques que el Presidente de la República ha lanzado contra la Comisión, toda vez que  el propio presidente afirmó que aceptaría las recomendaciones que emitiera la CNDH.

El texto de MCCI dice que ahora, no sólo no respeta derechos fundamentales, no sólo no cumple su palabra para respetar las recomendaciones de la Comisión, sino que ataca a una institución que se creó con sangre, grandes sufrimientos y el esfuerzo y sacrificio de innumerables mexicanas y mexicanos.

Los firmantes dicen que no pierden de vista el conjunto de acciones que configuran un contexto muy ominoso para el país, en el que se entrelazan el debilitamiento de órganos autónomos, el desprecio a la autonomía del Poder Judicial, la militarización de la seguridad pública y la destrucción de corporaciones civiles.

Añaden que deben alertar que el país vive los momentos más amenazantes para los derechos humanos desde la creación de la CNDH, por lo que hacen un llamado enérgico al gobierno federal para que rectifique su actuación y cumpla con su compromiso de aceptar todas las recomendaciones de nuestra Comisión, y en lugar de aplicar medidas regresivas en derechos humanos y atacar a instituciones patrimonio y orgullo de México, cumpla con su obligación constitucional de proteger y ampliar esos derechos.

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