En el asunto de la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan en el que 135 personas perdieron la vida, han sido ya identificados quienes convocaron el 18 de enero por gasolina a ir por gasolina a ese sitio, afirmó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

En una conferencia a propósito de los 100 días de existencia de la Fiscalía, su titular indicó que en el caso de Tlahuelilpan, se han efectuado 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal, se han recibido 84 informes de diversas autoridades de los 3 niveles de gobierno y se ha establecido la secuencia cronológica de los hechos.

Gertz Manero expresó que “tenemos los peritajes suficientes para reconocer quienes fueron los que convocaron”, y precisó que en este asunto existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de PEMEX en la atención a la fuga de combustible.

Lo anterior porque hay una discrepancia entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió.

Mencionó el Fiscal que “por lo que se ha solicitado, se ha obtenido la próxima presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados”.

En otros asuntos, Gertz comentó que se pidió ficha roja contra el ex gobernador de Puebla Mario Marín en el caso de la periodista Lydia Cacho.

Sobre el caso Odebrecht, señaló que “con base en la información recopilada recientemente y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una maquinación delictiva, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada”.

Señaló también que detectaron un rezago injustificado de 300 mil averiguaciones, carpetas sin resolver, gastos injustificados en viáticos y servicios, falta de control en el uso de vehículos y flota aérea y compra de aeronaves a precios inflados. No existía control de calidad judicial en las carpetas ni sobre los tiempos para iniciar las investigaciones; las denuncias podían quedar meses o años.

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