El gobierno venezolano ya no está contento con la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y tan pronto la chilena presentó su informe sobre la situación en Venezuela, el régimen se inconformó.

De acuerdo con el gobierno, el informe de Bachelet dado a conocer el jueves, está “lleno de “errores”, toda vez que el documento que señala el “uso excesivo de la fuerza” por agentes de seguridad del Estado.

La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a Bachelet tiene hasta 70 observaciones y destaca que “son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”.

Caracas solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada “adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe”, pero asegura que Maduro tomará con “toda seriedad” las recomendaciones del informe. No se entiende la respuesta.

La Comisionada documentó “casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por fuerzas de seguridad” en vecindarios pobres, y ahora los cuestionamientos se producen luego que Maduro se comprometiera a “tomar con toda la seriedad” las “sugerencias, recomendaciones y propuestas” de la comisaria tras recibirla en el palacio de Miraflores entre el 19 y 21 de junio pasados.

Según las conclusiones de la ONU, “existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las Fuerzas Especiales”.

Bachelet pidió la disolución de dicho cuerpo de seguridad, a las que atribuye la mayor parte de las 5 mil 287 muertes extrajudiciales, por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales el año pasado.

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