La cancillería mexicana señala en un comunicado que el Departamento de Seguridad Interior del Gobierno de Estados Unidos informó al Congreso de ese país su decisión de extender la implementación de la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a la garita fronteriza que comunica Mexicali y Calexico.

El Gobierno de México reitera que no coincide con la medida unilateral implementada por las autoridades de Estados Unidos, al tiempo que refrenda su determinación respecto de la protección a los migrantes y la promoción del desarrollo económico y social que mitigue las causas estructurales de los flujos migratorios.

Como en el caso de Tijuana, la medida estadounidense conducirá a que, a partir de esta semana, sean devueltos a Mexicali solicitantes de asilo no mexicanos que ingresaron desde México a Estados Unidos, a fin de que aguarden en nuestro país el desarrollo de su trámite ante una corte migratoria estadounidense.

Por razones humanitarias las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores han mantenido contacto con las autoridades de migración estadounidenses para recibir información sobre las personas retornadas a México.

Para el Gobierno de México, el contacto entre las autoridades migratorias de ambos países tiene por finalidad principal proteger los derechos humanos de los migrantes afectados. Ese intercambio de información no significa que el Gobierno de México esté de acuerdo con las decisiones tomadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos.

La Secretaría de Gobernación informará al gobierno de Baja California sobre la decisión del Gobierno de Estados Unidos y establecerá contacto con las autoridades de Mexicali, a fin de adoptar medidas que permitan a las personas retornadas a territorio mexicano estancia segura, en tanto conocen la decisión final sobre su solicitud de asilo.

Por instrucciones del presidente López Obrador, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores mantendrán permanente y estrecha colaboración para que los derechos humanos de los migrantes sean respetados y protegidos, en el marco de la nueva política migratoria del Gobierno de México.

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