Presionado por la situación social del país, el presidente de Colombia, Iván Duque, aceptó instalar una mesa de diálogo con el Comité de Paro Nacional, quien convocara las protestas desde el pasado 21 de noviembre en el país cafetero.

De acuerdo con Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y coordinador de la ‘Gran Conversación Nacional’, diálogo que abrió la semana pasada el mandatario con diversos sectores del país, se instalará una mesa paralela con ese sector que conduce las protestas en Colombia.

El anuncio ocurre cuando los promotores del paro nacional estaban convocando a una nueva movilización para el miércoles 4 de diciembre, y Molano invitó a los promotores de las manifestaciones a suspenderlas para no generar más pérdidas al sector comercio.

Hace una semana, el Comité de Paro Nacional se reunió con Duque como parte de la ‘Gran Conversación Nacional’, en donde manifestaron su negativa de formar parte de ese diálogo ampliado en el que incluirán otros sectores que no forman parte del comité, como empresarios y representantes de la Procuraduría y la Fiscalía.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela, apuntó que “nuestra dinámica no está dentro del diálogo nacional. Son escenarios distintos el diálogo y el comité. No nos consideramos dentro del diálogo nacional, porque el diálogo no convocó el paro

Los promotores del paro entregaron al gobierno varias propuestas, que incluyen la depuración de la Policía, la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el acatamiento de los acuerdos de paz, y no  hacer reformas laborales y pensionales.

El Comité de Paro Nacional tienen entre otras demandas al Gobierno de Duque, suspender la reforma laboral que pretende la destrucción de la estabilidad laboral; 75 % de salario mínimo para jóvenes; salario diferencial por regiones; contratación por horas y eliminación del salario mínimo.

Además, cancelar una reforma que pretende cambiar el sistema público de administración de pensiones por otro de ahorro individual; combate a la corrupción, ya que cada año se roban unos 17 mil millones de dólares; negativa a una reforma tributaria, que busca rebajar impuestos a las grandes multinacionales y empresas; y descartar un aumento las tarifas de energía eléctrica hasta de 35 %;

Finalmente, aplicar los acuerdos de paz, que pusieron fin al conflicto armado con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; actuar frente a las amenazas de sectores paramilitares y sistemáticos asesinatos a líderes sociales en la Colombia rural; y cumplir con las organizaciones indígenas, sindicales y estudiantiles los acuerdos que se han alcanzado en previas jornadas de protesta.

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