La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, entregó la iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, la diputada Isabela Rosales.

En el acto protocolario, la servidora pública indicó que esta iniciativa fue suscrita por la doctora Sheinbaum, y lo harán para sus congresos estatales los titulares del Estado de México e Hidalgo.

Dijo que este documento es resultado de la buena coordinación entre las 3 entidades y es ejemplo de cómo los gobiernos y los legisladores de diferentes signos políticos pueden acordar por el beneficio de la ciudadanía, “sin poner por encima los intereses políticos”.

Mencionó que 22 millones de personas se verán beneficiadas con la aprobación de esta ley en diversos temas, como: seguridad, movilidad, agua y servicios públicos en general como la salud y la educación.

En el acto de entrega estuvieron presentes por parte de la Secretaría de Gobierno René Cervera García, subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, y Gustavo Vela, director general Jurídico y de Enlace Legislativo; mientras que por el Congreso asistieron la diputada América Rangel, presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, y el diputado José Luis Rodríguez.

La idea es que cada congreso local envíe la iniciativa aprobada en sus términos a la Cámara de Diputados para así dar cumplimiento a lo dispuesto el apartado C del artículo 122 de la Constitución General de la República, el cual mandata impulsar una iniciativa de ley para el desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de México, en la que -respetando la autonomía de cada entidad federativa y la soberanía de los Poderes de la Unión asentados en la Ciudad de México- se cuente con un instrumento legal para la gobernabilidad de este territorio.

El texto considera como ejes rectores de la actividad pública: la coordinación y concurrencia entre los niveles de gobierno y la concertación con el conjunto de otros actores de la sociedad; la complementariedad de la inversión metropolitana; y la asociatividad entre gobiernos para brindar bienes y servicios públicos.

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