La Sala Superior del El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Sala Especializada, en el sentido de que Omar Fayad, gobernador del Estado de Hidalgo, hizo uso indebido de recursos públicos y afectó la equidad de la contienda con la publicación de un video en su cuenta de Facebook, por lo que dio vista alCongreso local “por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas”.

Con el voto en contra de los magistrados Indalfer Infante yFelipe de la Mata por considerar que se trata de un asunto local, el Tribunal consideró que Fayad transgredió un principio constitucional, al usar recursos públicos para publicitar en la red social de Facebook un video en el cual criticaba la propuesta de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, de crear una fiscalía para investigar al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Los magistrados consideraron que “la prohibición de los servidores de desviar recursos para favorecer a algún candidato, tiene sustento en preservar condiciones de equidad en los comicios y evitar que el cargo se use para actuar en favor o en contra de algún actor político”.

El 12 de junio el Gobernador de Hidalgo, publicó un video de contenido político electoral en su perfil de Facebook. El mismo día apareció el citado video en la página de Facebook de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación Publica de Hidalgo.

Es la tercera ocasión en que el Pleno de la Sala Superior revisa este asunto.  En la primera, la Sala Superior regresó la sentencia a la Sala Regional Especializada, para que los magistrados actualizaran la sanción contra el Director Jurídico de la Secretaría de Educación Pública de la entidad porque aunque también publicó en su cuenta de Facebook el video del gobernador, le fue violado su derecho de audiencia.

La segunda ocurrió el 24 de octubre cuando el Magistrado Felipe de la Mata propuso devolverlo a la Sala Especializada, bajo el argumento de que se trataba de funcionarios locales y los recursos públicos utilizados son estatales, por lo que a la Sala Superior no le correspondía sancionarlos.

Como fue rechazada dicha propuesta, el proyecto de sentencia fue returnado a la ponencia de la Magistrada Janine Otálora.

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