Este martes fue instalada la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recordó que con dicha Comisión se cumple el primer Decreto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el pasado 3 de diciembre.

“Vamos a esclarecer los hechos y a conocer la verdad. Ese es nuestro compromiso”, dijo la funcionaria federal, y expresó que el objetivo del Decreto presidencial es coadyuvar al esclarecimiento de la verdad, para dar satisfacción al justo reclamo de las madres, padres y familiares de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y para dar paso a la aplicación de la justicia a los responsables de esos hechos, sin importar quienes fueron y que cargo tenían.

Acompañada del canciller Marcelo Ebrard, la responsable de la política interior del país mencionó que se crea una instancia para que, “con la participación de los familiares de las víctimas y expertos de diversas disciplinas, se esclarezca la verdad de lo ocurrido, para así fincar responsabilidades y aplicar la ley”.

Explicó que no se está creando esta Comisión para dilatar el esclarecimiento de los hechos o complicar más el esclarecimiento de lo que ocurrió, “no se parte de cero, hay avances importantes de las investigaciones previas. Tenemos la firme voluntad de completar las investigaciones y entregar resultados en un plazo razonable”.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó que el reto que enfrentará la Comisión no es menor, porque “deberá romper los pactos de impunidad, que impiden saber qué pasó en el caso Ayotzinapa” y añadió que aunque la tarea es desafiante, se cuenta con respaldo presidencial, mandato jurídico claro,  liderazgo de Gobernación, acompañamiento de la cancillería para fomentar la asistencia técnica internacional, y respaldo Hacienda para asignar los recursos que se precisen.

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, señaló: “No nos hemos rendido. Para nosotros como padres y madres ha sido muy difícil caminar cuatro años y tres meses sin nuestros hijos. Sin saber en dónde están. Ha sido muy difícil para nosotros porque estamos lejos de nuestras comunidades, de nuestras familias. Amamos a nuestros hijos. Los extrañamos. Nos sentimos muy desesperados y desesperadas de no saber cómo están. El gobierno de Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras desde que empezó. Se burló de nosotros como madres y padres de familia y como pueblo de México”.

Por su parte, Emiliano Navarrete Victoriano, padre del normalista Ángel Navarrete González, reclamó que la administración pasada no ayudó en nada en las investigaciones para conocer los hechos ocurridos en Iguala: “El gobierno en lugar de ayudarnos obstaculizó la información. El gobierno federal del expresidente Enrique Peña Nieto, una persona inhumana y que solamente obstaculizó la información”.

En su oportunidad el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas detalló cómo quedará integrada la Comisión, “estarán tres madres o padres de los jóvenes desaparecidos, tres funcionarios del gobierno federal, una organización acompañante de la sociedad civil y se contará con un secretariado técnico”. Se sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y podrá realizar cuantas reuniones de trabajo considere necesarias, mientras que su sede se establecerá en la Secretaría de Gobernación.

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