El gobierno de Filipinas se retiró oficialmente de la Corte Penal Internacional este domingo, un año después de que el presidente del país, Rodrigo Duterte, se quejara del “esfuerzo concertado” de los funcionarios de las Naciones Unidas para mostrarlo como “un violador despiadado de los derechos humanos”.

Manila había anunciado su decisión hace un año, pero según las reglas de la corte solo tendría efecto 12 meses después.

Este país asiático es el segundo en retirarse del organismo después de que lo hiciera Burundi en 2017.

La Corte inició en febrero de 2018 una investigación preliminar sobre la guerra contra las drogas emprendida por el presidente filipino, en la cual ya se han llevado a cabo más de 5 mil ejecuciones oficiales desde el 2016.

La forma como Duterte ha procedido es criticada por grupos de derechos humanos en todo el mundo alentar aparentemente asesinatos extrajudiciales.

Defensores de los derechos humanos presentaron una petición ante la Corte Penal para desafiar la decisión de Duterte de retirar a su país del tribunal internacional, ya que podría entorpecer los esfuerzos para investigar los asesinatos y provocar nuevos abusos.

No obstante, la corte no actuó al respecto, pero asegura que la decisión de Filipinas no impide que la corte continúe sus pesquisas.

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