En México, 56.7% de población de 18 años y más considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad federativa donde reside, solo por detrás de la inseguridad y la delincuencia.

Ante el debilitamiento de las instituciones, la democracia, la ética y la justicia que deja la corrupción entre las sociedades, y el obstáculo que significa para el desarrollo de las naciones y el estado de derecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que tiene entre sus objetivos la promoción y el fortalecimiento de medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz y eficiente, facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica.

Para crear conciencia sobre la gravedad de este problema, se designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

La corrupción es un problema que afecta a organizaciones públicas y privadas y se define como el abuso de la posición organizacional para obtener beneficios de manera ilegítima.  Además, se caracteriza por ser fenómeno multidimensional, que se realiza en secrecía, involucra a varios actores y tiene orígenes e impactos políticos, sociales, culturales y/o económicos.

Durante 2017, 14.6% de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público sufrió algún acto de corrupción, siendo la Ciudad de México la de mayor porcentaje de víctimas con 20.1%, seguida de Quintana Roo con 17.6% y Morelos con 17.2%.

Por el contrario, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Colima fueron las entidades con las menores prevalencias de corrupción.  Además, en 2017, a nivel nacional se observó un aumento de poco más de 2 puntos porcentuales en el porcentaje de población víctima de corrupción respecto a lo estimado en 2015 y 2013

En 2018, 17 entidades contaron con Plan o Programa Anticorrupción estatal, 9 indicaron estar en proceso de integrarlo y 6 indicaron no contar con uno.

A lo largo de los últimos años México ha realizado diversos esfuerzos para hacer frente a esta problemática, la más reciente en 2015 cuando se reformó la Constitución para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y crear el Sistema Nacional Anticorrupción, como mecanismo encargado de coordinar la Política en materia de corrupción a nivel nacional.

Un año después, se expidieron nuevas leyes que buscaron otorgar piso normativo al combate a la corrupción, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.4

El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 propone atender las causas y efectos de la corrupción, a través del combate a los niveles de impunidad administrativa en el gobierno federal, la promoción de la eficiencia y eficacia de la gestión pública,  la  profesionalización  y  la  gestión  eficiente  de  los  recursos  humanos  de  la  Administración Pública Federal, así como del uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.

 

En México, la proporción de población que piensa que la corrupción es un acto frecuente en su entidad federativa pasó de 83% en 2011 a 91.1% en 2017.

 

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