La posible realización de pruebas de deteccion de Covid-19 en farmacias españolas ha obligado a enfermeros agrupados en una Mesa de la Profesión Enfermera a reportar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dicha opción puede derivar en la propagación de nuevos posibles focos de contagio entre la población.

En una carta dirigida a la titular del órgano comunitario, luego conocer la recomendación de impulsar pruebas rápidas como alternativa, en ciertos casos, esta Mesa integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, le reitera su “gran preocupación ante la posibilidad de que se autorice esta práctica asistencial en establecimientos comerciales, como son las oficinas privadas de farmacia, como quiere el Gobierno de la Comunidad de Madrid, fundamentalmente”.

Explican que no hay claridad sobre quienes harán los test de antígenos y que preparación tendrían, por lo cual a la Mesa de la Profesión Enfermera “le llama la atención que la comisaria de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides, forme parte del Partido Popular Europeo, como la presidenta madrileña Isabel Díaz.

En la carta, se le recuerda a von der Leyen que en España existe una red pública para la asistencia sanitaria en el ámbito de la Atención Primaria que es la que lleva a cabo las actuaciones en materia de prevención, seguimiento de pacientes crónicos, asistencia domiciliaria o cobertura vacunal en todas las etapas de la vida, entre otras.

En cambio, el régimen de las oficinas en farmacia no está regulado como en la gran mayoría de países europeos. Una farmacia es considerada establecimiento sanitario privado de interés público, y en ningún caso, puede ejecutar labores asistenciales/clínicas con pacientes o ciudadanos en general”.

La Mesa subraya que los farmacéuticos ni tienen en España competencia legal ni cuentan con formación que les habilite para realizar las técnicas de recogida de muestras de las pruebas de detección de Covid-19.

Añade que en España estas acciones de detección del virus se han puesto en marcha a través de Servicios Regionales de Salud y son llevadas a cabo por el personal cualificado y autorizado para ello, como son enfermeras, enfermeros y médicos, así como en establecimientos y lugares habilitados con las mayores garantías para profesionales sanitarios como para los ciudadanos.

Concluye la carta que las oficinas de farmacia, en España, “no reúnen en absoluto las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos a los que se pudiera realizar este tipo de pruebas, así como del resto de clientes que acuden para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la venta en este tipo de establecimientos”.

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