El Poder Judicial de la Federación ordenó suspender de manera definitiva el proceso de designación del nuevo Procurador de la Defensa del Contribuyente, como resultado del juicio de amparo impulsado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Justo.

Ambas ONG’s CCI argumentan que ninguna de las  3 personas propuestas al Senado por el Presidente de la República el pasado 3 de junio -Ricardo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez Oropeza- cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Ley para ocupar el cargo.

La Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señala que para ser titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es necesario contar con experiencia acreditada en materia fiscal en los últimos 5 años.

Las 2 primeras personas referidas se han desempeñado en los últimos años como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y pero no cuentan experiencia fiscal por el tiempo requerido, en tanto que Ricardo Rodríguez Vargas, quien ocupó hasta principios de junio el cargo de director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tiene una restricción legal pues se prohíbe haber sido titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal en los 3 años previos al nombramiento.

En su resolución, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, advierte a las autoridades que en caso de desobedecer la suspensión dictada serán responsables del delito previsto en la Ley de Amparo que contempla la sanción de destitución e inhabilitación y pena de prisión de 3 a 9 años.

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