Los vientos juaristas vuelven a refrescar la memoria. Entre el ayer y el ahora, la analogía vuelve a surgir entre Presidentes; el oaxaqueño quería enderezar la Constitución, el del sureste busca juzgar a los expresidentes. Empecemos, pues.

Ante el inminente inicio del Tercer Periodo de sesiones ordinarias del Congreso, en medio del fragor de la campaña electoral de 2021, el Presidente Obrador insiste en que la  boleta comicial se acompañe de una consulta que determine si se juzga o no a los expresidentes.

En 1867, una vez fusilado Maximiliano, el Presidente Juárez consultaba a la ciudadanía si elevaba a rango constitucional las Leyes de Reforma emitidas desde Veracruz durante la emergencia del período de guerra, al final. Ya ganada la elección de ese año, el Presidente oaxaqueño desistió de su empeño de reformar la Constitución.

No sería extraño que AMLO, una vez ganada la mayoría legislativa, desista de su empeño de mostrar la inclinación delictiva de los mandatarios. El examen analógico permite advertir los métodos de atracción de la voluntad social para mover desahogos pasionales. El año 1867 es el más propicio para elevar a rango constitucional las Leyes de Reforma, tarea pendiente desde 1861, cuando concluye la guerra de Reforma.

Sin embargo, Juárez, tras el triunfo electoral, opta por apelar al Congreso con otro motivo: su deterioro respecto del poder Ejecutivo, que Juárez juzgaba necesario fortalecer.

Ahora el referente es la Convocatoria, para que el pueblo  juzgue la pertinencia de juzgar a los expresidentes

Hubo quien la llamó “Ley convocatoria”  con la impresión de que fue emitida por Juárez como parte de su campaña política, en pos de la reelección, pues ya con los votos depositados fue él mismo quien desistió de reformar la Constitución en los términos planteados por la convocatoria, dejando la tarea en manos del Congreso y apelando a la “sabiduría” de la asamblea. Su aportación desborda la obra legislativa. Ya Cosió Villegas señalaba que dicha Convocatoria, pese a no haber sido aplicada, ha sido la “critica más lúcida” a la propia Constitución y a  las necesidades de la Nación.

LA APERTURA DEL CONGRESO

El Presidente López Obrador, al igual que sus inmediatos antecesores, no acudirá al inicio del Periodo ordinario de sesiones del Congreso como lo hicieron hasta 2005 los demás mandatarios. Un acto simbólico que significa sujeción a la representación de la soberanía nacional. En cambio se prefiere el mensaje mediático instrumentado desde Palacio Nacional. El único vínculo entre los poderes de la Unión se traslucía en la Presencia del Presidente en la Apertura del Congreso, la respuesta del Informe era una simulación que se extendía en la Glosa del Informe, mientras la Posición de las fracciones, previa la llegada del Presidente, aunque carecía de vinculación servía de difusión cívica.

El procedimiento se cambió por la “pregunta al Ejecutivo” la que tuvo alguna aplicación durante el régimen de Peña Nieto, pero ahora es pieza de museo.

Los partidos políticos naufragan en el quehacer legislativo. No saben crear la vida parlamentaria, y se exhibe una mayoría oficial mecánica por ausencia de una oposición auténtica, de contrapeso y contradicción, que le otorgue veracidad y vigor. El jurista Diego Valadés exhibe la racionalización del presidencialismo y revisa a 75 constituciones de otros países para sugerir formas mixtas de atribuciones entre el Presidente y el Congreso.

Los partidos manejados por operadores electorales carecen de eco interno de las Cámaras. Ahí reside el germen de la reforma de Estado. En México aún no se agota la Constitución de Carranza de 1917, donde el legislador de Guanajuato, exclamaba que al Presidente no se le puede juzgar durante su mandato pero después si.

Además, si el Presidente no es responsable, los Secretarios de despacho sí lo son, como muestra el “refrendo ratificatorio” de acompañar la firma de todo decreto presidencial la suya a la del Ejecutivo para que el responda de sus efectos nocivos. El juicio a expresidentes es posible y los Secretarios deben responder ante el Congreso de sus actos.

LA AGENDA LEGISLATIVA

El morenismo no tiene ni la fuerza ni la capacidad del Juarismo; quizás en la siguiente Legislatura, La LXIV le llegue el momento decisivo de los grandes cambios regulatorios constitucionales. Ahora al Presidente Obrador le apura la reforma constitucional al 112 para  incluir la responsabilidad al Presidente por delitos corrupción para ser sujeto de juicio político. Queda al margen la consignación de violaciones a la Constitución como raíz de procedencia. La adición del delito de corrupción al cargo del Ejecutivo rompe con la inmunidad presidencial, y se abre desde luego a la demoledora ocasión de las corporaciones internacionales de sembrar la fragilidad de los regímenes presidenciales de Latinoamérica.

La iniciativa presidencial se envió al Congreso alrededor de un año, sin recurrir a la via de iniciativa preferencial para su dictamen de inmediato, además que el Senado como Cámara de revisión involucró a los legisladores federales la misma responsabilidad a la que sería sometido el Presidente, dando lugar a que los diputados frenaran la reforma. Las facultades jurisdiccionales del Congreso son de difícil aplicación por su complejidad y principalmente, por su discrecional opaca. La aceptación del Presidente se mantiene a niveles altos, 53 por ciento de la población aprueba su desempeño, Al llegar a la mitad de su periodo se abre el ciclo de sus reformas y obras trascendentes. Aunque estas últimas se enfrentan a la falta de recursos marcados por la falta de financiamiento, limitado a su vez por las magno obras, y en general por la depresión internacional que se padece en todas partes.

Las posibilidades de generar un nuevo marco constitucional son por ahora limitadas, para empezar se requieren hombres del Congreso que conozcan y proyecten los cambios sustanciales. De esa suerte se requiere de juristas de la talla de Miguel Ramos Arizpe, quien redacto el Acta constitucional y de Reformas y el Proyecto de Constitución de 1824, de igual se semejanza se requiere de personajes como Mariano Otero que abrió el debate de la unidad en lo fundamental en la Acta de reformas de 1847, la de Ponciano Arriaga en el constituyente de 1856 y la de Luis Manuel Rojas con la de José Natividad Macías, en Querétaro de 1917.

 En buena medida depende la integración de la próxima Legislatura , debe cumplir las expectativas.

En 1867 Juárez no alcanzó a modificar la Constitución, pero su obra se cumplió una vez muerto, las Leyes de Reforma se introdujeron a la Constitución, así como el Senado inició sus sesiones….Aunque después en 1876 Porfirio Díaz asaltaría el poder.

A su vez, el Presidente López Obrador abrió el juego de la política al futuro; se cruzan apuestas.

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