El Fondo Monetario Internacional rechazó la solicitud del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de 5 mil millones de dólares del fondo de emergencia para hacer frente a la epidemia.

Según el canciller venezolano, Jorge Arreaza, con este préstamo el Gobierno planeaba “fortalecer las capacidades de respuesta” del sistema de salud a la propagación del coronavirus.    Con estos medios, según se desprende de la solicitud enviada al organismo internacional, Venezuela podría “robustecer los sistemas de detección y respuesta” frente al COVID-19.

Actualmente, hay 36 casos confirmados en Venezuela, que está en estado de cuarentena total desde el 17 de marzo.

El Gobierno de Venezuela no mantuvo una buena relación con el FMI, órgano al que acusó de intentar imponer el modelo capitalista en América Latina. Incluso, el presidente Nicolás Maduro reiteró que mientras él gobierne, Venezuela no volverá a tener vínculos con el FMI.

En mayo de 2018, el Fondo Monetario Internacional emitió una declaración de censura contra Venezuela por no implementar medidas correctivas sugeridas ni aportar datos financieros requeridos por esa institución. El FMI había advertido a Venezuela el 3 de noviembre de 2017 que tenía un plazo de 6 meses, vencidos el 2 de mayo, para entregar información macroeconómica, como datos de operaciones del instituto de seguridad social y exportaciones e importaciones totales de mercancías, expresando su valor en moneda local, por países de destino y de origen.

Sin embargo, en mayo de 2019, el Gobierno venezolano entregó, luego de 3 años de silencio, un informe de su desempeño, y el FMI aseguró que hasta no había podido evaluar las cifras por falta de contacto con las autoridades.

La solicitud del financiamiento surge un día después de que Maduro, alertara sobre una caída de los precios del crudo, ante la propagación de COVID-19, la cual llevó el precio de la cesta de crudo venezolano por debajo del costo de producción. Esta situación afecta aún más la economía venezolana dependiente del crudo y golpeada por la inestabilidad de su precio en los últimos años, así como por las sanciones impuestas por Estados Unidos y varios escándalos de corrupción.

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