Con relación al proceso de extradición que se sigue contra  de Carlos Ahumada en Argentina, la Fiscalía General de la República informa que la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda formuló desde octubre de 2016 una  querella por defraudación fiscal equiparable, ante el Ministerio Público Federal  el empresario, por haber omitido su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta 2012, dejando de pagar más de un millón 400 mil pesos.

En marzo de 2017, en la anterior administración, la entonces Procuraduría General de la República ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien libró la orden de aprehensión en contra de Ahumada; ya en la presente administración se retomaron los casos atrasados en materia de defraudación fiscal y se solicitó a Interpol la alerta conocida como “Ficha Roja” en contra de dicha persona.

Interpol realizó sus tareas de rastreo y por ello, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, de Argentina, detuvo el pasado 16 de agosto a Ahumada.

La Fiscalía  del país sudamericano lo puso a disposición de un juez competente de ese país, quien después de entrevistarlo y mantenerlo bajo su custodia, lo sujetó a proceso, otorgándole libertad bajo “caución juratoria” en razón del tipo de delito e imponiéndole el no ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, presentarse dentro de los primeros 5 días de cada mes ante el mismo juzgado y la prohibición de salir de Argentina.

Así, la Fiscalía apunta que Carlos Ahumada no ha sido exonerado del delito del que le acusa la Fiscalía General de México; y al respecto, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha reiterado que no ha sido cubierto el monto del Impuesto sobre la Renta omitido, ni recargos  multas.

Añade que procedimiento de extradición que inició desde agosto de 2018 durante la administración pasada, continuará su curso normal, por lo que la Fiscalía hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud correspondiente, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y México en vigor desde 2013

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