La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general las modificaciones a la Constitución para la revocación del mandato y la consulta popular.

Los cambios requirieron de la mayoría calificada, es decir, de 2/3 partes de los diputados presentes, lo cual se consiguió con 328 votos a favor, 2 abstenciones y 153 en contra.

El dictamen tuvo los votos a favor de la coalición Juntos Haremos Historia, además de los del Partido verde y la mayor parte de los diputados sin partido, quienes abandonaron la bancada del Partido de la Revolución Democrática.

El líder de los diputados sin partido, Ricardo Gallardo, destacó que la revocación de mandato es una lucha histórica de la izquierda en México para empoderar a la gente y sea ella quien decida sobre el futuro del país.

La diputada morenista Miroslava Carrillo, expuso que el dictamen aprobado impulsa el ejercicio del poder público, pues “la consulta popular con carácter revocatorio será la herramienta del pueblo para evaluar, y el ejercicio de evaluar y, en su caso, cambiar a gobernantes, aquellos que desde el poder del Estado no cumplieron con su mandato constitucional”.

Para el perredista Antonio Ortega la consulta popular tiene todo para convertirse en una encuesta de satisfacción y un modelo de intromisión del Ejecutivo en elecciones intermedias. Dijo que están a favor de la revocación del mandato, pero no en l forma como se presentó, y también apoyan la consulta popular, pero no todo en un solo dictamen.

Entre lo aprobado destaca que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; las bases y las tasas impositivas, los montos del financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, la consulta o consultas populares se realizarán en la fecha que se establezca en la convocatoria, y los ciudadanos podrán votar en procesos de revocación del mandato del Presidente de la República, el cual se sujetará a lo siguiente:

1.- Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso; o ciudadanas o ciudadanos en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores

2.- Se solicitará durante el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura.

3.- Será vinculante por mayoría absoluta de los votos depositados en las urnas

4.-La votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que sólo se elijan diputados federales

5.-El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la verificación, la organización y el desarrollo de la votación y los cómputos parciales;

6.- La Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación emitirá la declaración de validez del proceso de revocación y su resultado final. Cuando el proceso sea revocatorio, el presidente cesará en sus funciones al día siguiente.

Más aún, el INE asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de consulta y de revocación de mandato en el ámbito de las entidades federativas. El Congreso tiene la facultad de legislar sobre los procesos de revocación de mandato.

El proceso de revocación del mandato del presidente tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, en tanto que las constituciones de los estados podrán establecer que se realice el proceso de consulta de revocación del gobernador de la entidad, y la Constitución de la Ciudad de México podrá establecer que se realice la consulta de revocación del mandato del Jefe de Gobierno.

El Congreso de la Unión deberá de expedir dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente decreto, las correspondientes reformas legales en la materia.

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