Un reporte de la agencia de noticias AP da cuenta del caso de 2 afroamericanos de Mississippi, víctimas de presuntos abusos sexuales por misioneros franciscanos y que presentaron una demanda federal en la que afirman que miembros de la Iglesia católica les presionaron para recibir 15 mil dólares a cambio de su silencio.

 

Los afectados son los primos La Jarvis Love y Joshua Love, quienes acusan a los religiosos de ofrecerles acuerdos legales para que no dieran a conocer lo ocurrido o acudieran a tribunales, violando el compromiso adoptado en 2002 por obispos católicos norteamericanos para abandonar el uso de pactos de confidencialidad en casos de abusos de menores.

 

En la querella, representantes de la orden franciscana y de la diócesis de Jackson ofrecieron 10 mil dólares a Joshua por su silencio, a pesar de que no sabe leer y no podía comprender los términos del acuerdo. Los franciscanos subieron la suma a 15 mil dólares, misma suma que ofrecieron a La Jarvis.

 

Las indemnizaciones difieren de las pagadas en el pasado a víctimas de abusos que procedían de otro sector social y contaban con representación legal. La diócesis de Jackson resolvió en 2006 un grupo de demandas de 19 víctimas, 17 de ellas de raza blanca, por 5 millones de dólares, equivalentes a una compensación media de más de 250 mil dólares por afectado.

 

La Jarvis y Joshua Love, de 36 años de edad ambos, acusan a los franciscanos Paul West y Donald Lucas, (este último fallecido), de agredirlos sexualmente en repetidas ocasiones en la década de 1990, cuando asistían a la escuela primaria católica St. Francisco de Asís, en Greenwood, Mississippi.

 

Los abusos incluían palizas y violaciones, y comenzaron cuando tenían entre 9 y 10 año de edad, y estos abusos también se sucedieron durante un viaje en coche a un campamento de verano en el estado de Nueva York y en una habitación de hotel en Manhattan. Según la demanda, West los obligaba a “realizar actos sexuales con él y los alentaba a realizar actos sexuales entre ellos”.

 

El caso fue presentado ante la Corte de Distrito de Estados Unidos de Nueva York, ya que los hechos suponen una violación de la Ley Man de carácter federal, que castiga el traslado de menores por distintos estados con propósitos inmorales.

 

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