La Cancillería mexicana dice en un comunicado que bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el país ha sido el primero en adoptar el Pacto Mundial para la Migración promovido por la ONU para garantizar un flujo migratorio seguro, ordenado y regular. México ha dejado de deportar cientos de miles de migrantes centroamericanos, en contraste con el paradigma migratorio de administraciones pasadas.

El texto explica que el Gobierno ha desplegado una nueva política migratoria basada en la defensa de los derechos de los migrantes y la promoción del desarrollo económico desde una visión humanitaria, y que ha otorgado estatus legal a más de 13 mil extranjeros que ingresaron por la frontera sur para documentar su ingreso y facilitar empleo para algunos. Gracias a ello se ha subsanado el error previo que, desde la ilegalidad, condenaba a los migrantes a la marginalización y la precariedad.

De igual forma, México impulsa el Plan Integral de Desarrollo con la colaboración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que contempla proyectos para impulsar desarrollo económico en Guatemala, Honduras y El Salvador y atenuar las causas estructurales que detonan los flujos migratorios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación reiteran que México actúa de forma soberana e independiente al implementar su nueva política migratoria, que pone al centro la protección de los derechos humanos y la expansión de un desarrollo económico igualitario en la región.

Asimismo, el comunicado puntualiza que México no tiene un acuerdo vinculante con Estados Unidos para responder al aumento en el flujo de personas, principalmente familias procedentes de Centroamérica, que deseen transitar hacia México y Estados Unidos en busca de desarrollo y protección.

Frente a la decisión unilateral de Washington de implementar el artículo respectivo de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, México opta por apoyar a los migrantes. Por razones humanitarias y de manera temporal, el Gobierno mexicano ha autorizado el ingreso de algunos solicitantes de asilo desde Estados Unidos en tanto se efectúa su audiencia con las autoridades correspondientes.

Concluye el texto de la cancillería y Segob que nuestras autoridades migratorias mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses a fin de garantizar que el tránsito de personas por la frontera común se realice de manera segura y ordenada. Asimismo, México ha fijado criterios específicos para el retorno de ciertas personas que ingresaron a Estados Unidos para solicitar asilo, como no admitir menores no acompañados a nuestro territorio ni permitir la separación de familias.

Finaliza asegurando que México respeta el derecho soberano de Estados Unidos para ejecutar sus proyectos migratorios, pero actúa y actuará de forma soberana e independiente al fijar nuestra propia política de migración.

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