El presidente Manuel López Obrador, envió esta mañana al Senado una solicitud para la consulta ciudadana sobre el enjuiciamiento de expresidentes que hayan cometido actos de corrupción, al tiempo que reveló la pregunta que se le haría a los participantes del ejercicio ciudadano.

El mandatario dio a conocer en su conferencia mañanera el documento con la exposición de motivos que entregará a la cámara alta y que contiene la pregunta que deberá responder la ciudadanía que desee participar:

El cuestionamiento dice: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

López Obrador afirma en el documento enviado al Senado que entre 1988 y 2018 el país “vivió una concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad, la violación masiva de los derechos humanos, la impunidad y el quebrantamiento del Estado de derecho”.

De igual forma, expresa que “la consulta solicitada tiene el propósito legal de llevar un asunto de interés general y trascendencia nacional, y posibilitar en su caso juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso”.

La recolección de firmas para aprobar la consulta se llevó a cabo del 1 al 15 de septiembre, y López Obrador anunció que con base en la Ley Federal de Consulta Popular, haría la solicitud ante el Legislativo.

Según la ley de consulta popular, hay tres formas de llevarla a cabo: por petición del presidente; por pedido de 33 % de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso (165 diputados o 42 senadores) o 2 % de los electores inscritos, lo que significa 1,8 millones de personas (el total corresponde a 90 millones de electores).

El ejercicio ciudadano se llevará a cabo en junio de 2021 y busca definir si los 5 últimos presidentes pueden ser investigados y juzgados en caso de haber cometido actos de corrupción u otros delitos.

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