A un año del inicio de operaciones, puede asegurarse que la Guardia Nacional es una corporación militar y extensión directa de las Fuerzas Armadas, ya que no hay clara separación entre las funciones que desempeñan una y otras, según el Observatorio de la Guardia Nacional. 

Para los miembros del Observatorio el gobierno incurre en abuso político del Ejército y la Marina, a costa de su prestigio y capacidades.

El Observatorio reúne a organizaciones, académicos, expertos, colectivos y líderes de opinión, con el objetivo de documentar y difundir información oportuna, cierta y verificable sobre las funciones de la Guardia , financiamiento, integración, despliegue, profesionalización e infraestructura.

En este sentido, durante el 2019, el presupuesto asignado a la Guardia provino de los recursos de la Policía Federal, Defensa Nacional  y  la Marina, sin que haya certeza sobre los montos reales destinados.

El informe revela que el estado de fuerza de la corporación surgió, y se mantiene, por las transferencias de elementos de otras corporaciones, principalmente castrenses. Los militares transferidos conservan  plaza y prestaciones en la SEDENA y SEMAR. Por lo que no hay delimitación entre las instituciones.

Para el Observatorio no ha habido reclutamiento para la nueva corporación, no hay información certera de la formación de los integrantes de la Guardia Nacional y  no existe criterio público que explique el despliegue de los elementos en cada entidad.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común e integrante del Observatorio, indicó que “la inseguridad que se vive en el país es la consecuencia de haber promovido una corporación militarizada e inoperante, mientras se profundiza el abandono de las policías locales”.

Calificó como error no haber enfrentado con los recursos del Estado al crimen organizado y tener un discurso indulgente hacia los grupos delictivos, resaltando episodios como el de Culiacán, el asesinato de un juez federal, el atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, así como los delitos de violencia extrema. que se expresan de manera cotidiana en el país,  y “ponen en riesgo nuestra gobernabilidad, nuestra seguridad y nuestras vidas”.

A su vez, Lisa Sánchez, Directora  de México Unido Contra la Delincuencia, e integrante del Observatorio de la Guardia Nacional, cuestionó la falta de definiciones en al funcionamiento de la corporación. Ejemplificó el caso de la nula separación funcional de la institución con las Fuerzas Armadas y la opacidad sobre los convenios de colaboración con los gobiernos estatales.

Alejandro Hope, analista de seguridad y también integrante del Observatorio, señaló que el estudio confirma que la Guardia Nacional es una pantomima mal camuflajeada: “Se vendió como civil, pero es la sucursal del Ejército en otra dependencia”.

Entre otras deficiencias de la Guardia habló del presupuesto. Dijo que esta corporación no tiene recursos propios ya que todo proviene de las Fuerzas Armadas. Al igual que los demás participantes, consideró preocupante la inexistente separación con las Fuerzas Armadas.

En las conclusiones, el informe menciona que los problemas de seguridad que vive el país no requieren despliegues militares, sino policías con atribuciones y capacidades de investigación, vinculación ciudadana y apoyados en una real política de prevención.

Morera hizo un llamado al gobierno federal y a los gobiernos locales a cumplir con sus responsabilidades: “No fueron electos para dividirnos; para destruir instituciones, que son de todos; ni para ignorar los problemas. Fueron electos para resolverlos y, aunque algunos se molesten, seguiremos insistiendo, con respeto y con propuestas, en que debemos salvar y fortalecer nuestras instituciones, como el único camino para salvar y fortalecer a nuestro país”, concluyó.

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