La Confederación Patronal de la República Mexicana considera que la Guardia Nacional debe depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tener plena coordinación con el ámbito estatal y municipal, respetando el pacto nacional. 

Así lo señaló presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Ignacio Manjarrez Ayub, en su “Posicionamiento Ciudadano por una Estrategia de Seguridad Pública sin Militarización”, durante las Audiencias públicas para el análisis de la reforma constitucional para la conformación de la Guardia Nacional.

El representante de Coparmex afirmó que el sector patronal considera que la creación de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al inicio de la actual gobierno, es crucial en la tarea de enfrentar los altos índices de delincuencia y el clima de inseguridad en diversas regiones del país. 

Dijo que el sector patronal se ha pronunciado porque la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública se realice con apego a los derechos humanos y de forma temporal, por lo que la regulación debe establecer  los mecanismos legales que determine cuándo y cómo deben intervenir. 

Además de mantener el mando de la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el representante de la Coparmex dijo que es necesario considerar el fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio y el uso de tecnologías mediante la creación y estandarización de formatos electrónicos de las etapas del proceso penal que permitan homologar la actuación de los operadores de justicia, en especial de los policías; uso de brazaletes en la medida cautelar de seguimiento; botones de pánico geo referenciados como medida de protección a víctimas y uso de tecnología de videovigilancia permanente en ciudades y carreteras donde se ubican las zonas de mayor conflicto delincuencial. 

Por otra parte, las nuevas directrices de las políticas criminales deben generar mecanismos de intercambio de información que permitan compartirla a nivel nacional, así como que las instituciones tengan conocimiento homologado a fin de descifrar y utilizar la información bajo parámetros y criterios similares, de manera estandarizada.

Agregó que es necesario contar con legislación actualizada para la seguridad privada, a fin que la prestación de estos servicios se norme de forma clara señalando la competencia regulatoria que cada uno de los órdenes de gobierno tenga sobre este sector, evitando la sobrerregulación y a la vez brindando certeza y seguridad jurídica tanto para quienes prestan el servicio como para quienes lo contratan. 

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