Un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad señala que la congestión en 32 ciudades analizadas cuesta 94 mil millones de pesos al año, y en ellas, cada persona pierde en promedio 100 horas adicionales en sus traslados al año.

De hecho, la investigación menciona que 39% de los mexicanos en las 32 ciudades estudiadas usa transporte público pero reciben solo 1.2% del presupuesto federal para movilidad, por lo que para tener ciudades que prioricen a las personas y no a los autos, los 3 órdenes de Gobierno deben invertir de manera constante en transporte público seguro, eficiente y limpio.

El trabajo del IMCO detalla que las ciudades mexicanas no miden los efectos que la congestión vehicular tiene en la población, por lo que los habitantes pagan los altos costos que genera este problema provocado por la falta de políticas públicas e inversión para garantizar mejores servicios de transporte público.

Así, el “Costo de la congestión: vida y recursos perdidos” realizado por el IMCO y Sin Tráfico, apunta que los usuarios de transporte público pierden 69 mil millones de pesos en oportunidades de ingreso, mientras los que utilizan automóvil pierden 25 mil millones de pesos.

La congestión en las 32 ciudades cuesta el equivalente a 3 veces la inversión proyectada para la Ciudad de México en transporte público de 2018 a 2024, además de que los costos abonan a la desigualdad social.

En términos de tiempo, el costo de la congestión es de 100 horas anuales promedio por persona: los usuarios del transporte público pierden 118 horas al año, mientras que quienes usan automóvil pierden 71 horas. La Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla–Tlaxcala, son las ciudades con mayor costo en congestión vehicular.

A pesar de que las ciudades recibieron 57 mil millones de pesos del fondo metropolitano en 2016, 18 de las 32 urbes analizadas no invirtieron nada en transporte público. Más aún, para el automóvil invierten 47% del presupuesto asignado a movilidad cuando un 25% de la población lo utiliza.

Para el transporte público solo se destina el 1.2% del presupuesto asignado a movilidad y es usado por el 39% de la población. Proporciones similares se reproducen en casi todas las ciudades del país.

En este estado de cosas, el estudio propone invertir en transporte público seguro, eficiente y limpio conforme a la proporción de usuarios, hacer que el transporte público sea financieramente sostenible con descuentos a la población vulnerable, fomentar la evolución hacia las ciudades inteligentes con sistemas centralizados de información que ayuden a los usuarios a tomar decisiones para sus traslados, desincentivar el uso del automóvil a través de impuestos verdes un impuesto sobre gasolinas y eficientar el uso del espacio público:

Asimismo, se sugiere cobro de vialidades urbanas,cargo por congestión, límites máximos de unidades, fomentar el  crecimiento urbano compacto, mayores alturas de construcción, eliminar requerimientos mínimos de cajones de estacionamientos, promover la construcción de vivienda social en zonas centrales, aumento de potencial de construcción, operación regulada de iniciativas de movilidad como servicio e invertir en protocolos de medición y reportes a los ciudadanos acerca de los resultados de los sistemas de movilidad para medir avance de proyectos y políticas.

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