Luego del escándalo derivado de la difusión de los listados de infinidad de empresas y particulares de las más diversas actividades que se vieron beneficiados con condonaciones de impuestos en los últimos 12 años y hasta 2018, el expresidente Felipe Calderón salió a responder, toda vez que parte de las condonaciones fiscales se dieron en su administración.

El expanista se escuda en la ley de Ingresos de la Federación de 2007, que, dice, en su artículo 7º transitorio, estableció bases para un programa de recuperación de cartera vencida del SAT con el fin de regularizar los impuestos de contribuyentes en mora y generar incentivos para su permanencia en la contribución.

Se trataba de recargos, multas (generalmente muy onerosas, con tasas de casi 2% mensual, que hacían impagables los créditos) y gastos  de ejecución de contribuyentes que hayan estado revisados y al corriente en sus pagos correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006, y a parte de la contribución principal, fundamentalmente de créditos fiscales a cargo de contribuyentes generados antes del año 2003, que de otra manera hubiesen estado prescritos en su mayoría a partir de esa fecha y se hubiese vuelto incobrables.

Se justifica señalando que la condición indispensable era que actualizado la cantidad al año 2007 y hecho el descuento correspondiente, el adeudo se pagara totalmente y en una sola exhibición conocida como “Descuento por Pronto Pago”, programa que actualizaba lo iniciado en la Administración anterior denominado “Cuenta Nueva y Borrón”.

Calderón Hinojosa dice que ese programa está previsto en la ley de Ingresos, aprobada por el Congreso, de manera tal que no se trató de decisiones que arbitraria y personalmente hubiese hecho el Presidente de la República, como equivocadamente señalan algunos medios.

Asegura que desconocía hasta el día de ayer la lista de contribuyentes acogidos a este programa, pero se trata de una disposición de carácter general, a la que cualquier contribuyente con adeudos fiscales y voluntad para pagarlos y regularizar su situación se podía acoger.

Dice además que desconocía y duda que el SAT hubiese hecho condonaciones sobre contribuyentes específicos de manera excepcional y contrario a la norma general aprobada por el Congreso, a lo cual se habría opuesto terminantemente.

El expresidente agrega que es partidario de que la protección de datos personales es una garantía personal fundamental, pero que comparte que debe estar limitada por el interés público, y que si hubiese alguna irregularidad contraria a la ley en la información dada a conocer, debe investigarse y castigarse.

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