La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el allanamiento del domicilio de la periodista Lydia Cacho, en Puerto Morelos, Quintana Roo, y demanda a las autoridades de procuración de justicia de esa entidad agotar las líneas de investigación, con especial énfasis en la posible relación de ese hecho con su labor periodística y como defensora de los derechos humanos, al tiempo que se solidariza con quienes ejercen el periodismo.

En un comunicado, la CNDH dice que se trata de un hecho altamente preocupante, ya que del domicilio de la periodista fue sustraído equipo de trabajo y material periodístico, fueron destruidas diversas pertenencias y mataron a una de sus mascotas.

Recuerda que en julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó al Estado mexicano por violar los derechos de la periodista en 2005, cuando fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla acusada del delito de calumnia por la publicación del libro Los Demonios del Edén, al acreditar tortura y violación a los derechos a la igualdad y a la libertad de expresión, entre otros.

El organismo puntualiza que la violencia contra periodistas ha obligado cada vez con mayor frecuencia al desplazamiento forzado de algunos comunicadores, quienes abandonan sus hogares y trabajos para ponerse a salvo junto con sus familias, como lo demuestra el hecho de que al menos 10 de ellos estén acogidos por esa causa al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La CNDH reconoce que si bien se han generado acciones de política pública para proporcionar medidas de protección a los periodistas como el Mecanismo creado a partir de la emisión de la Ley correspondiente en 2012, lo cierto es que el mismo constituye una medida extraordinaria que obedece también al contexto de violencia que enfrentan tanto periodistas y personas defensoras.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos añade que se mantendrá observante de la evolución de los acontecimientos y acciones que emprendan las autoridades para dar con quienes allanaron el domicilio de la periodista, llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos y reciban el castigo que en derecho corresponda.

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